La impunidad y el olvido institucional cobijan una dolorosa realidad para la comunidad LGBTTTIQ+ en Tamaulipas. A lo largo de la última década, el estado ha acumulado un registro negro de 32 homicidios motivados por el prejuicio y la intolerancia, crímenes que en su gran mayoría permanecen sin resolución legal.
A pesar de la gravedad de estas cifras, documentadas minuciosamente por la organización civil nacional Letra S, el Congreso del Estado mantiene en la congeladora legislativa la iniciativa para tipificar y sancionar penalmente los crímenes de odio.
Reynosa es el municipio con el mayor número de asesinato
La geografía de la violencia en la entidad coloca a Reynosa como el municipio con el mayor número de asesinatos, seguido en orden de incidencia por Matamoros, Padilla, la zona conurbada del sur del estado, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo; un panorama donde las mujeres trans emergen históricamente como el sector más vulnerable y golpeado por la brutalidad.
La parálisis en el Poder Legislativo local se ha convertido en uno de los principales reclamos de los colectivos, quienes ven en la falta de leyes un mensaje de desprotección y permisividad. Ana Karen López Quintana, líder de la organización Diversidad Vihda Trans A.C., señaló que la exigencia de justicia y reconocimiento legal será el eje central de las movilizaciones civiles programadas para este fin de semana en el marco del Día del Orgullo.
Leyes pendientes
Respecto al rezago en la Cámara de Diputados local, la activista tampiqueña enfatizó: “Tenemos pendientes la Ley de Identidad de Género y la Ley de Crímenes de Odio, las cuales ya están en el Congreso del Estado de Tamaulipas, así que se deben de comenzar a destrabar”.
Para los defensores de derechos humanos, la omisión legislativa perpetúa un entorno donde las agresiones mortales no son llamadas por su nombre ni castigadas bajo la agravante de la discriminación.
A la inacción de los diputados se suma la opacidad y las deficiencias operativas de las autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos. Celso Pérez Ruiz, presidente de la asociación civil “Tendremos Alas”, denunció que tan solo en la zona sur de Tamaulipas se han contabilizado cuatro crímenes de odio en lo que va del año, expedientes que se encuentran completamente estancados en las oficinas ministeriales.
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Al analizar las fallas estructurales del sistema de justicia, Pérez Ruiz expuso: “En el sur de Tamaulipas en lo que va del año tenemos cuatro casos, pero en la sistematización no hay una ventaja de las fiscalías especializadas y no procesan los datos, por eso es que no tenemos cifras específicas”.
Añadió además que “hay dos puntos, no se tienen las cifras, conocemos los casos, pero para la autoridad no existen los crímenes de odio, lo que quiere decir que para procurar justicia, el órgano administrativo, que forma parte del Poder Ejecutivo, que son las fiscalías, no hacen su labor”.
Este vacío en la procuración de justicia tiene rostros e historias que la comunidad se niega a olvidar. Uno de los casos más emblemáticos y que causó mayor indignación en la sociedad civil del sur de la entidad fue el transfeminicidio de Angy, una mujer trans que fue privada de la vida por su propia pareja al interior de su vivienda.
A la fecha, el proceso legal se encuentra atrapado en el laberinto de la burocracia criminal, convirtiéndose en el vivo reflejo de la impunidad institucionalizada.
“Las fiscalías no hacen la parte que les corresponde, lo que genera que no se pueda llegar a una resolución, un ejemplo es el caso de Angie, una compañera asesinada en el sur, no hay sentencia al respecto porque se lavan las manos el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”, aseveró con contundencia el presidente de “Tendremos Alas”.
Ante este escenario de deudas históricas, la protesta social se traslada a las calles como un mecanismo de visibilidad y resistencia política.
