Pese a que en Hidalgo ya existen normas para sancionar la tala ilegal, el Congreso Local busca imponer sanciones más severas ante este delito, esto a través de la inclusión del artículo 345 Bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo; el cual busca imponer penas más severas cuando la tala ilegal ocasione el desplazamiento forzado de las comunidades o destruya por completo un hábitat natural, garantizando que el daño sea reparado y que ninguna actividad económica se coloque por encima de la dignidad de las personas y la supervivencia del medio ambiente.
La iniciativa con proyecto de decreto contempla, la cual consultó MILENIO, detalla la adición del artículo 345 Bis, el cual dicta lo siguiente: la punibilidad prevista para los delitos contemplados en este Capítulo y en el Capítulo III Bis de este Título, se aumentará en una mitad, cuando se ejerza violencia física, coacción o amenaza en contra de propietarios, legítimos poseedores, ejidatarios, comuneros, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, autoridades o personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Aunado a esto, en caso de que la conducta se realice dentro de un área natural protegida de competencia estatal o municipal, o sea considerada área de valor ambiental; o se cometa con ánimo de lucro, para facilitar o forzar su cambio de uso forestal hacia proyectos de urbanización, fraccionamiento, infraestructura comercial o monocultivos agroindustriales.
Igualmente, cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones, con motivo de ellas o aprovechando los medios que su encargo le proporcione, además de las penas que le correspondan, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar cualquier otro en el servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
“Si las conductas a que se refieren en este artículo ocasionan el despojo o desplazamiento forzado de comunidades originarias de sus territorios, o la pérdida irreversible de un ecosistema, se impondrá el doble de la punibilidad que corresponda a los delitos cometidos”, (sic).
La norma vigente para combatir la deforestación incluye también la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, la cual establece en su artículo primero el objeto de contribuir a la conservación, protección, fomento, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas forestales dentro de la entidad; así también, su artículo tercero define como metas prioritarias la regulación del manejo forestal, la consolidación de áreas forestales permanentes y la prevención de cambios de uso de suelo que afecten la viabilidad de los bosques.
En tanto, la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo determina en su artículo primero la preservación y restauración del equilibrio ecológico, estableciendo las directrices para proteger las áreas naturales y fomentar el aprovechamiento racional de los ecosistemas en el territorio estatal.
Finalmente, para castigar estas conductas, el Código Penal para el Estado de Hidalgo tipifica los delitos ambientales; específicamente, su artículo 345 contempla penas de prisión, que actualmente van de cuatro a 10 años, para quienes atenten contra la riqueza forestal mediante acciones como el derribo de árboles y la tala ilegal; en caso de que la adición del artículo 345 Bis prospere podría aumentar la pena de 6 seis a 15 años de prisión por este delito de tala ilegal.
