En México, los siniestros viales provocan alrededor de 16 mil 600 muertes anuales, 130 mil personas lesionadas y 40 mil casos de discapacidad permanente, además de generar costos directos de atención médica superiores a 18 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras expuestas por representantes de la Coalición Movilidad Segura y Salud Justa MX.
Areli Carreón, representante de la Coalición Movilidad Segura, advirtió que nueve de cada diez siniestros de tránsito pueden prevenirse mediante políticas públicas, infraestructura adecuada y medidas de protección basadas en evidencia científica, pero persisten condiciones de riesgo que cobran miles de vidas y ocasionan discapacidades permanentes.
“En México el costo humano es terrible, estamos hablando de alrededor de 16 mil personas que pierden la vida cada año por siniestros de tránsito. Alrededor de 130 mil personas resultan lesionadas, alrededor de 40 mil de ellas adquieren una discapacidad permanente”, sostuvo en el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemora este domingo 15 de noviembre.
Una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recordar a las personas fallecidas y lesionadas, así como para promover medidas que permitan prevenir tragedias entre los grupos más vulnerables y afectados como son personas mayores, peatones, ciclistas, motociclistas, niñas, niños y jóvenes.
Claudia Moreno, responsable de incidencia legislativa de Salud Justa MX, advirtió que los siniestros viales no sólo provocan muertes, sino también lesiones graves que pueden dejar secuelas permanentes, limitar la autonomía de las personas, impedirles continuar sus estudios o trabajar y comprometer durante años la economía de sus familias.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2025 se registraron 380 mil 391 siniestros de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, frente a 374 mil 949 en 2024, un incremento aproximado de 1.5 por ciento.
Las entidades con mayor número de siniestros fueron Nuevo León, con 71 mil 308; Chihuahua, con 26 mil 626; Estado de México, con 25 mil 32; Sonora, con 21 mil 780, y Guanajuato, con 19 mil 875.
Los registros corresponden únicamente a zonas urbanas y suburbanas y no incluyen los siniestros ocurridos en carreteras federales.
Carreón también señaló que los siniestros de tránsito figuran constantemente entre las principales causas de orfandad en México, al dejar a numerosas familias sin alguno de sus integrantes y, en algunos casos, sin su principal fuente de ingresos.
“Estamos perdiendo talento, estamos perdiendo seres, estamos perdiendo el futuro con la muerte vial que podemos prevenir”, expresó.
Carreón recordó que cada 24 segundos muere una persona en el mundo como consecuencia de un siniestro vial y señaló que estas tragedias afectan especialmente a la población infantil y juvenil.
Más de 38 mil egresos hospitalarios
Claudia Moreno informó que durante 2024 se registraron más de 38 mil egresos hospitalarios relacionados con siniestros viales en hospitales de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con un estudio de Salud Justa MX, los costos directos de atención médica superaron los 18 mil millones de pesos, principalmente por hospitalizaciones, tratamientos, procedimientos y servicios de urgencias.
La cantidad no representa el impacto económico total, ya que excluye gastos por rehabilitación prolongada, pérdida de ingresos familiares, disminución de la capacidad productiva, interrupción de estudios y otras consecuencias sociales.
Moreno explicó que detrás de las estadísticas existen familias que pierden a su principal proveedor económico, mientras otros integrantes enfrentan amputaciones, discapacidades o tratamientos prolongados.
La representante relató el caso de una familia en la que falleció quien proporcionaba el sustento económico y la madre sufrió la amputación de una pierna.
“Entonces, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los estudios de los hijos?”, cuestionó.
Advirtió que las consecuencias también incluyen procesos de recuperación física, afectaciones emocionales, gastos médicos adicionales y procedimientos administrativos o judiciales que pueden prolongarse durante años.
La representante de Salud Justa MX sostuvo que estas pérdidas evidencian el costo de no prevenir siniestros cuyos factores de riesgo están identificados.
Sobrevivir a un siniestro vial: lesiones permanentes y una vida que cambió
Leonardo Espinola Yañas sobrevivió a un siniestro vial ocurrido el 7 de agosto de 2010, cuando regresaba a su casa y dos automovilistas no respetaron la señal de alto.
Uno de los vehículos lo arrastró sobre el pavimento, causándole múltiples lesiones internas y externas que lo hicieron perder el conocimiento durante siete días.
“Tuve el percance de unos automovilistas que se cruzaron el alto. El que me metió a la avenida pasó el segundo, que también se había pasado el alto, y fue que me arrastró sobre el pavimento de la avenida. Inmediatamente perdí el conocimiento y desperté siete días después”, recordó.
Tras recuperar la conciencia comenzó a enfrentar las consecuencias de las lesiones, que alteraron sus actividades deportivas, su desempeño escolar y su vida cotidiana.
Desde los seis años practicaba béisbol y fútbol, actividades que formaban parte de su rutina hasta los 19 años, cuando ocurrió el siniestro.
Las secuelas físicas lo obligaron a dejar de practicar deportes como antes y le generaron temor de volver a fracturarse un hueso, lastimarse un brazo o sufrir daños en los nervios.
“No me imaginé la imposibilidad de hacer cosas, pero sí me cuesta más trabajo hacer las cosas. Hay muchas cosas que yo perdí en mi vida a raíz de eso”, relató.
Leonardo explicó que después del siniestro incluso asistir a la escuela comenzó a representar dificultades y tuvo que adaptarse a las limitaciones derivadas de su nueva condición física.
Actualmente trabaja en una cafetería, donde participa en actividades de servicio y cocina, además de tener un pequeño negocio de alimentos para mascotas.
También cuenta con un equipo recreativo de béisbol, una actividad que le permite mantener su vínculo con el deporte, aunque su condición física ya no es la misma.
A las secuelas se suma la manera en que otras personas reaccionan frente a su discapacidad.
Explicó que algunos conocidos, con la intención de protegerlo, prefieren asignarle tareas sencillas, incluso cuando considera que tiene capacidad para realizar otras actividades.
Viridiana Monrroy, también sobreviviente de un siniestro vial, relató que enfrenta lesiones permanentes que no son visibles, pero continúan afectando su vida.
“Tengo lesiones de por vida, aunque no se ven me afectan, fui afortunada de que no ocurriera algo peor”, expresó.
La sobreviviente subrayó que los daños derivados de estos hechos no siempre pueden identificarse a simple vista y que sus consecuencias abarcan aspectos físicos, económicos, sociales y psicológicos.
“Debemos de sensibilizarnos acerca de las consecuencias físicas, económicas, sociales, psicológicas ocasionadas por estos siniestros viales”, señaló.
Monrroy consideró que la prevención requiere tanto una mayor cultura vial entre la población como autoridades dispuestas a hacer cumplir las disposiciones legales.
También llamó a las personas afectadas a conocer y ejercer sus derechos, especialmente cuando las autoridades omiten aplicar las normas de seguridad.
“La impunidad es corrupción, y al no hacer cumplir la ley, son parte del problema”, denunció.
Siete estados sin armonizar sus leyes de seguridad vial
Aunque México aprobó en 2022 la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, siete entidades federativas todavía no han armonizado sus legislaciones con el enfoque de sistema seguro previsto en esa norma, informó Moreno.
Entre ellas se encuentra la Ciudad de México, donde las organizaciones exigieron al Congreso local y al gobierno capitalino actualizar la legislación para garantizar calles e infraestructura que protejan a peatones, ciclistas, motociclistas, personas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.
“Y eso le cuesta a la ciudad vidas todos los días”, advirtió Moreno al referirse a la falta de armonización legislativa en la capital.
La representante recordó que desde 2020 el artículo cuarto constitucional reconoce el derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad.
La legislación establece medidas como el control de velocidad, límites de alcoholemia, uso de cascos certificados, cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil y restricciones al uso de distractores durante la conducción.
Moreno explicó que el enfoque de sistema seguro también establece responsabilidades para quienes diseñan las calles, construyen infraestructura, determinan límites de velocidad, supervisan el cumplimiento de los reglamentos y toman decisiones sobre movilidad.
“Todas las personas podemos cometer errores cuando nos desplazamos, pero esos errores no deberían costarnos la vida, ni dejarnos con una lesión grave”, afirmó.
Insistió en que las autoridades deben fortalecer la vigilancia de las normas de tránsito, generar información confiable y evaluar si las políticas implementadas realmente están reduciendo las muertes y lesiones.
“Los siniestros viales no son hechos inevitables. Detrás de cada persona fallecida o lesionada hay decisiones públicas, condiciones de infraestructura, reglas y mecanismos de prevención que pueden hacer la diferencia”, señaló Moreno.
La representante agregó que las medidas deben incluir velocidades seguras, prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, infraestructura adecuada, atención integral a víctimas y armonización legislativa.
Por su parte, Carreón denunció que la aplicación desigual de la legislación refleja, a su juicio, falta de voluntad política para enfrentar un problema que ocasiona miles de muertes evitables.
La activista cuestionó la desidia y la tolerancia institucional hacia una problemática que, aseguró, se ha normalizado a pesar de sus consecuencias.
También pidió abandonar el término accidentes para referirse a estos hechos, al considerar que existen factores de riesgo conocidos y medidas capaces de prevenirlos, como reducir la velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y eliminar distractores.
Asimismo, llamó a evitar la culpabilización automática de las víctimas y reconocer la responsabilidad de quienes incumplen las normas de tránsito.
Areli Carreón, Claudia Moreno y Viridiana Monrroy hicieron un llamado urgente a las autoridades para asumir la seguridad vial como una prioridad de salud pública y fortalecer la aplicación de las disposiciones legales para prevenir nuevas tragedias.
Las organizaciones insistieron en que los gobiernos federal, estatales y municipales deben coordinarse para avanzar hacia la meta internacional de reducir al menos 50 por ciento las muertes y lesiones provocadas por siniestros de tránsito.
LG
