El aseguramiento de armas de alto calibre en Guanajuato no solo refleja el poder de fuego del crimen organizado, también exhibe la desventaja en la que operan los policías municipales y posibles fallas estructurales en la estrategia de seguridad, coincidieron directores de observatorios ciudadanos de Irapuato y Salamanca.
Raúl Calvillo Villalobos, director del Observatorio Ciudadano, señaló que el análisis no debe centrarse únicamente en la cantidad o tipo de armas decomisadas, sino en lo que ocurre después: las detenciones y sentencias.
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Advirtió que, sin procesos judiciales sólidos, los aseguramientos pierden impacto real en la reducción de la violencia.
“Más allá de qué tipo de armas se decomisan, es fundamental saber de dónde provienen, cuántas personas son detenidas por portación ilegal y, sobre todo, cuántas de ellas son sentenciadas por delitos de alto impacto”, subrayó.
El especialista explicó que, aunque retirar armas de circulación es importante, la falta de información sobre el seguimiento legal impide evaluar si realmente se está fortaleciendo el Estado de derecho.
Además, alertó sobre la desigualdad operativa entre policías municipales y grupos criminales, quienes en muchos casos cuentan con armamento de uso exclusivo del Ejército.
“Si comparas a policías municipales con grupos delictivos fuertemente armados, el enfrentamiento es completamente desigual”, indicó.
Agregó que, aunque las corporaciones locales tienen una función preventiva, el contexto actual de violencia obliga a replantear su capacidad de respuesta ante ataques armados.
Por su parte, Raymundo Gómez, director del Observatorio de Salamanca, describió un panorama crítico marcado por el miedo, la violencia y el crecimiento de delitos como la extorsión.
“Estamos viviendo una situación muy preocupante; la ciudadanía está asustada y la violencia ha rebasado la capacidad institucional. Los grupos criminales, en ocasiones, tienen mejor armamento que las propias policías locales”, afirmó.
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Señaló que el problema del armamento ilegal no es aislado, sino consecuencia de factores estructurales como el crimen organizado, la impunidad e incluso posibles actos de corrupción que facilitan el tráfico de armas.
Finalmente, advirtió que fortalecer únicamente el armamento policial no resolverá el problema si no se ataca la raíz del fenómeno.
“Se debe investigar si hay corrupción entre funcionarios y golpear las finanzas del crimen organizado. De nada sirve equipar más a las policías si no se combate la estructura que sostiene a estos grupos”, concluyó.
