Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) derivó en el ejercicio de acción penal contra 33 personas, entre ex servidores públicos, funcionarios en activo y particulares, señalados por su probable participación en un esquema de asignación irregular de plazas en el Gobierno del Estado de México.
Hasta el momento, 26 de los imputados fueron vinculados a proceso, uno permanece en espera de que se resuelva su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo.
¿Cómo operaban la venta de plazas en Secretaría de Educación?
De acuerdo con la carpeta de investigación, la red habría operado desde 2021 mediante la creación de plazas para personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas o que únicamente cobraban salarios sin presentarse a laborar, bajo el esquema conocido como "aviadores".
Las primeras denuncias fueron presentadas este año por el Gobierno del Estado de México, a través del representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), luego de detectar 459 movimientos de alta de personal docente cuyos supuestos trabajadores no realizaban actividad alguna.
Las investigaciones permitieron identificar la probable participación de ex subsecretarios, directores generales, coordinadores, delegados administrativos, subdirectores, capturistas y particulares que, presuntamente, desempeñaban funciones de reclutamiento.
Entre los involucrados figuran servidores públicos que laboraron en las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad durante la administración 2017-2023, así como personal de la Oficialía Mayor y de la SECTI.
Por lo antes señalado, se estableció que los presuntos intervinientes llevaron a cabo, de manera sistemática, conductas que les permitieron obtener de forma ilícita más de 96 millones de pesos, tan solo en el periodo comprendido de enero de 2025 a febrero de 2026, tras recibir… pic.twitter.com/YTvD7SHLq6
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) July 3, 2026
Registro de personas como docentes
La Fiscalía sostiene que el esquema consistía en registrar a personas como docentes mediante expedientes incompletos o sin documentación indispensable. Posteriormente, las altas eran incorporadas al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y autorizadas para el pago de nómina, incluso con adscripciones a planteles educativos inactivos.
Las indagatorias también establecen que reclutadores captaban principalmente a familiares y personas de confianza, quienes proporcionaban sus datos personales para ser incorporados a la nómina gubernamental.
Después, terceros retenían las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios y retiraban el dinero para distribuirlo entre los integrantes de la presunta red.
Además, la investigación sugiere que algunos de los beneficiarios recibían únicamente seis mil pesos por cada 200 mil pesos depositados.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía retomó un antecedente ocurrido en diciembre de 2021, cuando Juan Alberto 'N' fue detenido en Toluca con 164 tarjetas bancarias expedidas a nombre de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo.
En ese momento, diversos funcionarios declararon ante el Ministerio Público que el dinero y las tarjetas correspondían a actividades administrativas relacionadas con la atención de problemas bancarios.
Dieron más de 70 altas de docentes de manera irregular
La investigación también documentó que algunos capturistas realizaron más de 70 altas presuntamente irregulares y, de acuerdo con los datos de prueba, recibían cinco mil pesos por cada movimiento.
Además, se detectó un patrón para ocultar las operaciones, como registrar altas durante la madrugada y alternar las cuentas de acceso utilizadas para efectuar los movimientos.
Los presuntos docentes fueron asignados principalmente a centros de trabajo inactivos ubicados en municipios como:
- Almoloya de Alquisiras
- Amecameca
- Ecatepec
- Luvianos
- Metepec
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Tejupilco
- Texcoco
- Toluca
- Zinacantepec
- Zumpango
Dentro del expediente también obran mensajes atribuidos a integrantes de la red, en los que se instruía a los supuestos docentes a cancelar sus cuentas bancarias tras el inicio de auditorías y negar cualquier relación laboral con el Gobierno del Estado de México en caso de ser requeridos por alguna autoridad.
Obtuvieron más de 96 millones de pesos
La Fiscalía estima que el esquema permitió obtener de forma ilícita más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026, monto que podría incrementarse si se acredita que las conductas se mantuvieron desde 2021.
Los 26 imputados vinculados a proceso permanecen sujetos a prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por su probable participación en los delitos de fraude y abuso de autoridad.
Entre los investigados se encuentran dos ex subsecretarios, dos ex directores generales, delegados administrativos, subdirectores, personal operativo y particulares, mientras que cinco personas promovieron amparos contra las órdenes de aprehensión libradas en su contra.
La carpeta de investigación integra 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas con entrevistas, peritajes, inspecciones y documentos que sustentan los datos de prueba presentados por el Ministerio Público ante la autoridad judicial.
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