La iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidencia de la República abre un debate crucial sobre el financiamiento de campañas políticas: aunque mantiene la fiscalización de recursos públicos, la propuesta establece que posibles flujos de dinero ilegal no afectarían el registro de candidaturas, advierte Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).
Señala que la iniciativa plantea una reducción significativa del financiamiento público a partidos. Para Tamaulipas, de prosperar la reforma, el recorte representaría casi 56.8 millones de pesos respecto al presupuesto ordinario actual de $160 millones 179 mil 480, sin comprometer la transparencia ni la confiabilidad de los procesos.
Sin embargo, Ramos Charre expresa preocupación por la falta de consenso entre las fuerzas políticas en la definición de las reglas de juego.
“La principal preocupación se centra en cómo se construyen las decisiones”, menciona, insistiendo en que cualquier reforma debe surgir de un acuerdo amplio para garantizar la pluralidad, la representación proporcional y la participación de minorías, pilares del federalismo electoral".
En cuanto a costos y financiamiento, el argumento central del gobierno es que las elecciones en México son demasiado caras. ¿Usted coincide con ese diagnóstico o el costo está justificado para garantizar certeza electoral? “En la parte final de tu planteamiento pones los puntos sobre las íes.
Ya lo decía Ciro Murayama, la elección más cara es la que no se realiza; en el fondo el mensaje es ese, tenemos que realizar elecciones auténticamente libres y democráticas para mantenernos en el concierto de las naciones que a través de estos procedimientos definen la representación y el gobierno.
Hay muchos estudios que asocian el crecimiento y el desarrollo económico a la vida en democracia, hoy vemos cómo en el mundo, entre menos democrático eres, la población termina padeciendo las consecuencias económico-sociales de no tener instituciones democráticas, entonces, si las elecciones son caras o baratas, tenemos más bien que revisar porqué cuestan lo que cuestan”. -Si se reduce el financiamiento público a partidos, ¿existe el riesgo de que aumente el dinero privado o incluso ilegal en campañas?
“En la iniciativa se señala con claridad la vinculación que tiene que darse entre el INE y diversas autoridades que conforman el sistema de inteligencia financiera para detectar los flujos de recursos irregulares y que las autoridades están alertadas debidamente de ello. Un aspecto que pudiese mejorar es donde la base constitucional señala: sin que su alcance abarque los registros de las candidaturas. ¿Qué significa esto? Pareciera que la iniciativa le amarra las manos a la autoridad electoral, en este caso al INE. Significa que si se tienen avisos del sistema financiero respecto de flujos irregulares a alguna candidatura, pues evidentemente se le pueda sancionar, pero sin afectar el tema del registro de candidatura, es decir, sin tumbar la candidatura. Digamos que se coloca una suerte de velo, de protección constitucional para que no se afecten las candidaturas, es una interpretación muy personal de esa última parte del párrafo en la iniciativa”.
¿En estados con retos de seguridad como Tamaulipas, la reforma contempla mecanismos suficientes para blindar las elecciones frente al crimen organizado?
“En Tamaulipas estamos aplicando los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se establece la obligación de construir justo estos protocolos de seguridad en el contexto de procesos electorales. Se mantiene una estrecha coordinación y colaboración con las autoridades de gobierno, participamos a diario en las mesas de construcción de la paz que encabeza el gobernador y tenemos la oportunidad de plantear directamente a las autoridades federales y estatales los requerimientos específicos de seguridad para la buena marcha del proceso electoral. En la iniciativa de reforma no hay un apartado que tenga que ver con el tema de seguridad”.
