Al menos diez personas fueron asesinadas en México durante el 2025, por realizar la labor de proteger la tierra, el territorio y el patrimonio natural, según el más reciente informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, que reporta 199 defensores ambientales asesinados en los últimos 11 años.
“Las diez personas defensoras que en 2025 perdieron la vida a causa de su labor dejaron un legado invaluable al contribuir a defender nuestro derecho a un medio ambiente sano”, destacó el informe elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Durante 2024, Jalisco fue el estado más peligroso para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos medioambientales, ya que registró tres asesinatos de ambientalistas, así como una de las tres desapariciones que se reportaron.
En Oaxaca se registran dos asesinatos, así como en Guerrero; mientras que los otros estados donde se cometió un asesinato son: Morelos, Michoacán, y Puebla.
Memorial de defensores ambientales
Arnoldo Nicolás Romero
Fue comisario ejidal de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, e integrante activo de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.
Se caracterizó por tener una postura firme contra la imposición de megaproyectos, fue defensor de los derechos indígenas, especialmente de la libre determinación de los pueblos de la región ante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y la violación del derecho a la consulta y el consentimiento.
El día 21 de enero del 2025, la familia de Arnoldo lo encontró sin vida en un rancho particular ubicado entre Santa Ana y Guichicovi, tras haber sido reportado desaparecido el 17 de enero del mismo año.
Aunque no se conocen muchos detalles, su cuerpo fue localizado con heridas de bala y quemaduras. “Hasta el momento no hay datos que sugieran una denuncia o investigación en curso”.
Cristino Castro Perea
Fue un defensor de la comunidad chontal de Barra de la Cruz, Oaxaca, que colinda con una zona prioritaria de anidación de tortugas marinas, por lo que logró el decreto de la zona como santuario.
Tras constantes amenazas e, incluso, un ataque en 2023 con armas de fuego en contra de uno de los integrantes del Colectivo que fundó, Cristino fue incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, la tarde del 28 de febrero, cuando Cristino se encontraba en el quiosco de su comunidad, dos sujetos en motocicleta le dispararon hasta asesinarlo.
Marco Antonio Suástegui Muñoz
Fue un ávido defensor del Río Papagayo y las tierras comunales conocido a partir de su labor de defensa en contra de La Parota, un proyecto que pretendía instalar una presa hidroeléctrica. Además, después de los huracanes Otis y John fundó la Asociación Turisteros Unidos en Defensa de Playa Icacos en apoyo a la población damnificada.
Formaba parte del núcleo comunal de Cacahuatepec, una comunidad a 30 kilómetros del puerto Acapulco. Por su labor de defensa fue perseguido y encarcelado en 2005, 2014 y 2018, y declarado inocente en las tres ocasiones.
En 2021, su hermano, el también defensor ambiental Vicente, desapareció en manos de grupos delictivos, por lo que la familia fue incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En 2024, Marco fue víctima de hostigamientos y daños como la quema de motos acuáticas que rentaba en la playa Icacos y la destrucción de su local, hasta amenazas de muerte después de señalar a las autoridades y grupos delictivos por la desaparición de su hermano.
La noche del 18 de abril de 2025, fue atacado cuando salía de la playa Icaco con su familia, después de trabajar. Falleció ocho días después.
Karina Ruiz Ocampo
Defendía y exigía el derecho humano al agua en el fraccionamiento donde vivía, en el municipio de El Arenal, Jalisco. Era representante legal de la asociación vecinal La Cima, Nuestra Prioridad, quienes sufrían desabasto de agua desde 2012.
En distintas ocasiones denunció los adeudos millonarios de la constructora con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes suspendían el suministro de energía al pozo que suministraba agua a su fraccionamiento.
El 14 de abril de 2025, personas no identificadas entraron a la casa de Karina y la extrajeron por la fuerza; fue víctima de desaparición hasta el 3 de mayo, cuando su cuerpo fue encontrado en plena vía pública. Actualmente, este caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.
Francisco Macías Sánchez
Con apenas 18 años, Francisco pertenecía a la ronda comunitaria de Cherán, municipio autónomo de Michoacán, encargada de patrullar los alrededores de bosque.
El 2 de julio del 2025, en las afueras del Rancho de Pino, la ronda comunitaria se encontraba realizando patrullajes cuando fueron atacados por un grupo perteneciente al crimen organizado. En este suceso, Francisco perdió la vida y Daniel Guerrero, otro de sus compañeros comuneros, resultó herido. Al momento no se ha identificado o detenido a ningún responsable por el ataque.
Sergio Hugo Ureiro Castañeda
Era arquitecto y comerciante en Tlapa, Guerrero. Fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros, que en enero de 2025 fue recuperada por la comunidad, luego de que en enero de 2024, el alcalde de Tlapa anunciara la destrucción del área, que cuenta con árboles centenarios, para construir 17 locales comerciales.
En junio de 2025 se reportó un incendio intencional en casa de Sergio y, aunque hubo una denuncia ante el ministerio público, no se abrió ninguna investigación.
Apenas unas semanas después, el día 20 de julio de 2025, a plena luz del día, Sergio fue asesinado mientras se encontraba en su camioneta y se disponía a cargar gasolina en una zona pública y transitada en el centro de la población.
Cándido Esaú Román Pérez
Fue un abogado y ejidatario originario de Cihuatlán, Jalisco; era el representante legal del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata de Cihuatlán, frente a intereses particulares que intentaban despojar a los ejidatarios de sus tierras.
Luchaba contra la invasión y despojo de la propiedad donde estaba el Hotel Melaque, situado en terrenos ejidales, que además causaba daños en la flora, la fauna y sobreexplotación del agua, por lo que el ejido había obtenido un amparo judicial para frenar la construcción.
El 3 de noviembre, alrededor de las 7:00 horas, uno de los hijos de Esaú escuchó disparos afuera de su hogar. Al salir encontró a su papá tirado en el suelo, ya sin vida. Anteriormente a este ataque, Esaú ya había denunciado amenazas y hostigamiento en contra de los ejidatarios.
Silvia Hernández Meza
Era conocida como activista y defensora del medio ambiente. Antes de ser candidata de la Planilla Morada, que contendía por la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos, fue reconocida por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por sus esfuerzos de reforestación y denuncia ante la tala ilegal que amenaza con acabar con el Parque Nacional Lagunas de Zempoala de Huitzilac, en Morelos, y de Ocuilan , en el Estado de México.
Silvia había propuesto acciones para proteger el bosque y enfrentar el problema de la tala. El 13 de enero del 2025, mientras estaban realizando actividades de la campaña, Silvia y cuatro integrantes más de la planilla (Álvaro Horacio Rojas Mancilla, Juan Manuel Dávila Lagunas, Juan Carlos Cuevas y Juan García Jurado) fueron asesinados.
Marcos Aguilar Rojas
Era el representante agrario de la comunidad indígena tepehuana–wixárika, que ha habitado su territorio de forma ancestral. Desde hace años, la comunidad de Azqueltán ha reclamado la restitución de 45 mil hectáreas de tierra con base en un título virreinal de 1733; en 2013 se declaró la autonomía del pueblo, y desde ese año la comunidad ha mantenido un juicio agrario para exigir la titulación de las tierras para defenderlas de los continuos intentos de despojo.
El 26 de noviembre del 2025, Marcos y su hermano Gabriel fueron atacados a balazos mientras retiraban ganado que había invadido sus predios. Todos los agresores fueron identificados, sin que a la fecha hayan sido procesados, están vinculados a pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero.
José Luis Lucas Quirino
Era profesor, ejidatario y un líder social en su comunidad, ubicada en la región de Acuaco, en el municipio de Zaragoza, Puebla. Promovía el uso responsable del agua, cada vez más demandada por empresas porcícolas y de extracción minera instaladas en la zona, además de luchar por los derechos de los campesinos.
El 6 de febrero, a pocos metros de la primaria donde su hija era alumna y él era director, un grupo de personas lo interceptaron en su auto y lo atacaron con armas de fuego, José Luis falleció al momento.
Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) refirió que el asesinato de 10 defensores ambientales en 2025, a causa de su labor, “es algo inaceptable e insostenible”. En los últimos 11 años, suman 199 defensores ambientales han sido asesinados en México.
“En el 2025, 10 personas defensoras de los derechos humanos ambientales fueron víctimas de agresión letal, es decir, perdieron la vida, fueron asesinados. Y, si bien hay que reconocer que esta cifra afortunadamente es menor a la de años anteriores, esto no necesariamente significa que hay una mejoría en la situación, ya que es claro que no ha habido un descenso sostenido en el número de agresiones. Reitero, el año 2025 es el segundo año con más eventos de agresión desde el 2015 que venimos documentando este informe sobre la situación de los defensores ambientales”, señaló Gustavo Alanís.
IYC
