Para evitar la operatividad de corporaciones informales y proteger a la ciudadanía al momento de contratar servicios o solicitar empleo, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para transparentar el padrón del sector.
La propuesta, impulsada por la diputada Adriana Medina, busca establecer por ley la obligatoriedad de un registro estatal que sea público, digital, actualizado de forma permanente y de acceso gratuito para la población.
La propuesta busca proteger a los ciudadanos de ofertas de trabajo sospechosa
"Hoy existe una brecha de información que nos preocupa profundamente. Muchas personas o empresas podrían estar operando en la informalidad, sin las autorizaciones ni las certificaciones que exige la ley. Y la ciudadanía simplemente no tiene una herramienta sencilla y directa para saber quién sí cumple y quién no", argumentó la legisladora.
El proyecto cobra relevancia ante la proliferación de ofertas de trabajo sospechosas difundidas en plataformas digitales y redes sociales, donde se solicitan datos sensibles o documentación personal a jóvenes bajo el argumento de incorporarlos a esquemas de vigilancia privada.
Sobre este punto, Perla Lorena López Guízar, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, destacó la utilidad preventiva que tendrá la plataforma para quienes buscan insertarse en el mercado laboral.
"Las y los jóvenes que reciben una oferta de trabajo de una empresa de seguridad privada podrán consultar la información oficial antes de proporcionar documentación personal o iniciar un proceso de contratación, contando así con mayores elementos para verificar con quién están estableciendo el contacto", señaló la funcionaria.
De acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en Jalisco operan actualmente 289 empresas de seguridad privada con registro vigente, 83 de ellas con autorización de carácter estatal, las cuales suman una fuerza laboral superior a los 10 mil 500 elementos operativos.
El registro no solo confirmará si la compañía cuenta con la documentación en regla, sino que detallará los giros específicos para los que está habilitada formalmente, entre los que destacan:
- Vigilancia y protección de bienes inmuebles o fraccionamientos.
- Traslado y custodia de valores.
- Instalación y monitoreo de sistemas de alarma.
- Servicios de blindaje y consultoría en seguridad.
La iniciativa contempla que la implementación del padrón no generará nuevos trámites ni costos administrativos para las empresas que ya se encuentran regularizadas, garantizando en todo momento la reserva y protección de los datos personales.
Asimismo, se reiteró que estas compañías mantienen su carácter de auxiliares de la fuerza pública, sin eximir al Estado de sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad.
CH
