En Nuevo León, ocho de cada 10 casos de los niños que trabajan en la calle provienen de otros estados de la República, donde esta práctica es considerada una costumbre.
La directora del DIF estatal, Gloria Bazán, advirtió que las niñas y niños pidiendo dinero o vendiendo es una forma de vulneración de derechos y constituye un delito.
“Tenemos cada vez más reportes de niños que están trabajando y, pues, sabemos que eso no está permitido ni está correcto, ¿verdad? Entonces los niños tienen que estar estudiando, tienen que estar con esparcimiento y todo lo que coadyuve a su salud desarrolle. Aquí en DIF Nuevo León tenemos un programa que se llama PAPTI. Este es el Programa de Atención y Prevención al Trabajo Infantil”, dijo.
Ante cada reporte, se activa el programa PAPTI con atención permanente, se trata de un operativo 24/7 integrado por psicólogos, trabajadores sociales y equipo jurídico.
“Siempre hay que tener bien claro que la pobreza no es un crimen, ¿no? Entonces muchos papás lo ven como ayúdame a generar ingresos. Entonces lo que hacemos es: ‘A ver, papá, ¿por qué tu hijo está trabajando aquí o tu hija? ¿Por qué los tienes trabajando?’. ‘Pues es que me ayuda para generar’. ¿Qué te falta? ‘Pues que no tengo trabajo’. Y ahí empezamos a hacer una sinergia. La Secretaría del Trabajo, en algunas ocasiones el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud, el DIF y Educación. Entonces lo que hacemos es que arreglamos este entorno familiar”, explicó.
El objetivo es retirar a los menores de la calle y reconstruir su entorno familiar.
Los menores son llevados a centros donde reciben educación, atención psicológica y espacios seguros.
En 2025 se han brindado cinco mil 800 servicios a través de este programa, con el resguardo de 293 menores, de los cuales 220 tienen atención permanente.
Cuando hay reincidencia o riesgo, la autoridad actúa con firmeza.
“Ya no hay una tercera vez. La tercera vez, ahora sí, pues no me entendiste por ningún lado y en ningún idioma. Entonces los niños los resguardamos nosotros, hasta en tanto se corrija esta situación. Entonces el mismo DIF ponemos las denuncias que tengamos que hacer y tenemos cursos de parentalidad responsable. Son muchos que tienen que tomar”, agregó.
En casos graves, incluso se da vista a la Fiscalía por posible explotación infantil.
La ley contempla excepciones, cuando los menores están entre 15 a 17 años y su jornada es de un máximo de seis horas, sin afectar la escuela.
Cada reporte puede significar un niño menos en la calle y más en la escuela.
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