Un agente suspendido de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tizayuca, Hidalgo, denunció públicamente presuntas irregularidades administrativas, hostigamiento y posibles actos de corrupción dentro de la corporación, así como un riesgo a su integridad personal derivado de su situación laboral.
Mario Fabián Lozano Consuelos, quien busca su reinstalación, afirmó que este derecho le ha sido negado de manera reiterada sin una justificación clara.
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Narró que todo derivó de haber realizado una manifestación el pasado 15 de septiembre de 2023 para demandar mejoras laborales a la exalcaldesa de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada, actual funcionaria en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal.
Tras la movilización, añadió, vino el hostigamiento contra los agentes que participaron, así como acusaciones sin fundamento.
En su caso, contó, se le abrió un proceso por amenazas y abuso, utilizando además como argumento que descuidó su labor como agente por atender un asunto escolar de su hijo por violencia. Afirmó que esta situación la atendió exclusivamente en sus días de descanso.
Añadió que los procesos contra los elementos ni siquiera fueron atendidos debidamente, pues no se convocó a la Comisión de Honor y Justicia de la corporación; solo se dio la suspensión.
Por ello, afirmó que la decisión no obedece a causas administrativas, sino a presuntas instrucciones heredadas de la anterior administración municipal, encabezada por la exalcaldesa Susana Ángeles.
El denunciante agregó que son una decena de elementos quienes enfrentan esta situación, de la que reiteró la presunta responsabilidad de la ex presidenta municipal de Tizayuca.
“He pedido únicamente que se respete el debido proceso, pero he recibido presiones constantes”, declaró.
Señaló que, desde el inicio del conflicto, ha enfrentado presiones, persecución y un entorno de intimidación que involucraría a ex y actuales mandos de la corporación, así como a otras áreas del ayuntamiento.
Lozano Consuelos manifestó temor por posibles represalias, al considerar que su exclusión de la corporación podría tener consecuencias más allá del ámbito laboral.
