Integrantes del sector académico, administrativo y estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se manifestaron a favor de garantizar la gratuidad del servicio educativo, pero con suficiencia presupuestal para no afectar la calidad de la educación; además, pidieron normar la inteligencia artificial para que no se convierta en un problema.
Durante el foro Retos de la Educación en el Estado de México: En el 'Reforma Universitaria', organizado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el titular de la Gaceta de Gobierno, Javier de Jesús Domínguez González, aseguró que el Poder Ejecutivo respetará en todo momento la autonomía de la institución.
Iniciativa de ley UAEMéx
Esto, previo a la llegada de la iniciativa de ley que integró la UAEMéx y que actualmente se encuentra en el área de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, en espera de que la gobernadora la presente al Congreso mexiquense para su análisis.
Quienes participaron en el foro coincidieron en la necesidad de aprovechar esta oportunidad para fortalecer a la institución con visión a largo plazo, anticipándose a los grandes cambios. Por su parte, la organizadora del foro, Ruth Salinas Reyes, se comprometió a impulsar las propuestas y demandas del sector universitario en el Congreso local.
El objetivo, acotó, es abrir la puerta al diálogo porque es el primer paso para construir acuerdos, desde la pluralidad y no desde la imposición, sobre todo antes de que llegue la iniciativa para poderla ajustar y enriquecer, tomando en cuenta que data de marzo de 1992, sin grandes modificaciones.
“Sabemos que hoy la Universidad enfrenta desafíos que no admiten más postergaciones, como: democracia universitaria, garantizar procesos internos transparentes y libres de intromisión; gratuidad; presupuesto público suficiente, oportuno y libre de condicionamientos; calidad académica y de investigación; garantizar oportunidades reales para los jóvenes una vez egresando”.
¿Cuál es la postura?
En su oportunidad, el diputado federal Juan Ignacio Zavala Gutiérrez señaló que del 2000 a la fecha el número de jóvenes que demandan educación aumentó 5 millones, sin que se les pueda garantizar un espacio. En promedio, en México la cobertura educativa en el nivel superior es de 45 por ciento; mientras, en otros países es de 60 por ciento.
El exrector de la UAEM, José Martínez Vilchis, consideró que es necesaria una reforma fiscal de fondo para poner realmente en marcha la gratuidad, replantear los programas de estudio tomando en cuenta la IA y, sobre todo, que la elección del rector o rectora no sea por voto universal, sino ponderado.
“Que el voto sea ponderado para la elección del rector o rectora, porque el voto universal no es adecuado en instituciones de educación superior, y eso no es antidemócrata; basta ver cómo se hace en otras universidades del planeta; tiene que ser a partir de los méritos académicos, no por el voto popular”, donde valga más el voto de los académicos, luego de administrativos y por último de quienes están de paso: los estudiantes.
Señaló que en varias universidades del país no existe el voto universal, como es el caso de Aguas Calientes, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Veracruz, entre otras, donde se toman en cuenta los méritos y eso da mejores resultados.
Por su parte, Laura Elizabeth Benhumea, ex candidata a la rectoría de la UAEMex, consideró que la gratuidad sin suficiencia presupuestaria puede terminar cobrando la factura en la calidad educativa y también consideró que la ley debe establecer principios básicos respecto al uso de la inteligencia artificial, como la protección de datos, la integridad académica, la responsabilidad, la transparencia, el respeto de derechos, porque la IA debe entrar por la puerta de la responsabilidad académica y no por la fascinación tecnológica.
La excandidata a la UAEM, Maricruz Moreno Zagal, consideró que la reforma debe tener una visión clara, de largo plazo, que prevea los cambios que se enfrentarán durante las próximas décadas. Que forme profesionistas competentes, responsables, humanistas, tecnológicamente avanzados y comprometidos con la dignidad humana; además, debe responder a la gratuidad.
“No es un gasto, es una inversión y la reforma puede ser más que una modificación jurídica, puede ser la posibilidad de construir el proyecto que la universidad necesita para enfrentar los retos”.
El ex titular del Órgano Interno de Control (OIC), Victorino Barrios Dávalos, enfatizó que la gratuidad no es una concesión, sino un derecho constitucional que debe asumir la entidad más grande del país.
Desafortunadamente, la institución, dijo, ha caído en un proceso de descrédito por la Estafa Maestra, los excesos de los exrectores, los bonos que se asignó el personal, los dobles sueldos, entre otras faltas, por lo cual ya no la contratan y por lo cual están cayendo sus ingresos propios, pues hace siete años generaba 16 de cada 100 pesos que manejaba como presupuesto y actualmente solo produce 3 pesos.
Aplaudió que se considere el voto universal, pero no que no avance en el tema de transparencia y rendición de cuentas, pues en la propuesta de ley no hay planteamiento para vigilar los recursos propios porque “piensan que la Universidad es una isla”, destacó.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Germán Jalil Hernández, destacó que temas como la automatización, inteligencia artificial, la digitalización, el nearshoring y las nuevas formas de hacer negocio están modificando las competencias que requieren las empresas, por lo cual se deben actualizar de manera permanente los contenidos académicos, conforme a la evolución del mercado laboral y sectores productivos, donde se impulse el emprendimiento.
Se promuevan competencias como la ética, liderazgo, comunicación, negociación y toma de decisiones en la formación universitaria y se creen mecanismos de vinculación permanente entre la escuela y las empresas, para identificar las necesidades reales de una empresa.
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