Expertos en derechos humanos de la ONU ofrecieron a México su asistencia técnica para fortalecer sus capacidades frente a la desaparición de personas y la crisis forense que se vive en el país.
En un comunicado exhortaron al gobierno mexicano a que solicite cooperación internacional, con el fin de abordar este tipo de crímenes y, al mismo tiempo, mantener la relación constructiva que tradicionalmente ha tenido con los mecanismos internacionales.
“Asimismo, reiteramos el ofrecimiento de asistencia técnica por parte de nuestros mandatos. Solo mediante una cooperación significativa y efectiva por parte del Estado será posible localizar a todas las personas que han sido víctimas de desaparición forzada en México y garantizar los derechos de acceso a la justicia y a la reparación”, señalaron.
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En el documento aseguraron que la cooperación técnica ha demostrado ser un instrumento eficaz para fortalecer las capacidades nacionales existentes, particularmente al fomentar la participación más amplia posible de todos los sectores de la sociedad, incluidas las víctimas.
En consecuencia, insistieron en su llamado “al Estado para que solicite cooperación técnica internacional”.
“Incluida aquella proveniente de los actores que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de abordar la situación de las desapariciones forzadas en México, incluida la denominada ‘crisis forense' y otras cuestiones de preocupación previamente señaladas mediante comunicaciones y declaraciones públicas”, agregaron.
Consideraron que los trabajos deben estar guiados por las demandas de las familias de personas desaparecidas para alcanzar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, así como con la toma de medidas de reparación, las cuales “no pueden ni deben seguir postergándose”.
Los expertos recordaron que apenas el 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas adoptó la decisión sin precedentes de remitir urgentemente la situación de las desapariciones en México a la Asamblea General de la ONU para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.
Frente a ello, subrayaron la importancia de que estos esfuerzos se desarrollen con un espíritu constructivo por todas las partes, colocando en el centro la búsqueda de verdad y justicia para las familias y que todas las acciones deben mantenerse enfocadas en atender las demandas de los familiares de las personas desaparecidas, muchas de las cuales llevan esperando respuestas durante días, meses, años e incluso décadas.
Finalmente, pidieron mantener los más altos estándares de respeto a los expertos internacionales independientes en derechos humanos y a garantizar una cooperación sustantiva con ellos.
El documento fue firmado por Gabriella Citroni, Grazyna Baranowska, Aua Baldé y Mohamed Al Obaidi del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; y Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
rdr
