El Estado mexicano asumió seis compromisos para fortalecer la protección de las personas defensoras de derechos humanos, entre ellos establecer una mesa de trabajo para atender 113 casos de homicidios y desapariciones, así como valorar la creación de una fiscalía especializada en este tipo de agresiones.
Los acuerdos se establecieron en el marco de un diálogo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil y relatores de Naciones Unidas, en el que se abordaron los obstáculos para investigar las agresiones contra personas defensoras en México y combatir la impunidad.
¿Qué compromisos serán asumidos?
Entre los compromisos asumidos se encuentra la elaboración de un plan nacional para implementar el Protocolo Homologado para la Protección de las Personas Defensoras, así como su difusión en formatos accesibles para facilitar su conocimiento.
“Este protocolo constituye una herramienta indispensable para garantizar que se identifiquen con precisión los móviles delictivos, evitar la impunidad y la repetición de las conductas”, detalló Ruth Centeno López, fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, el Estado mexicano acordó establecer un registro homologado de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de contar con información sistematizada sobre las agresiones contra este sector.
Otro de los compromisos consiste en que la FGR valore la creación de una fiscalía especializada en agresiones contra personas defensoras, sin que ello implique que su creación haya sido aprobada.
Instalarán mesas de trabajo
Además, se acordó instalar una mesa de trabajo para atender los 113 casos de homicidios y desapariciones de personas defensoras incluidos en la información publicada por las organizaciones civiles que solicitaron la audiencia.
“Reiteramos nuestro compromiso de seguir continuando sumando esfuerzos para mejorar la respuesta institucional, contribuir a salvaguardar la vida, integridad, la libertad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, dijo Tobyanne Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Por su parte, Andrea Pochak, comisionada y relatora de la CIDH para México, reconoció que “México continúa siendo uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos”.
“La Comisión es muy consciente de que cuanto mayores son los poderes políticos y económicos afectados por las personas defensoras, mayores son los peligros que ellas enfrentan sonas defensoras, mayores son los peligros que ellas enfrentan”, agregó.
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