La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el decreto que autorizó a la gobernadora panista de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a contratar deuda pública por 4 mil millones de pesos para el presente ejercicio fiscal, para proyectos de inversión pública productiva.
Por unanimidad y sin discusión alguna, el Pleno avaló el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahfl, quien propuso declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 12 legisladores estatales de Morena y del Partido del Trabajo que impugnaron la decisión del Congreso Local.
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La ministra consideró que la facultad otorgada a la titular del Ejecutivo estatal para realizar movimientos compensados entre los programas autorizados no implica una autorización abierta para modificar el destino del financiamiento.
Indicó que únicamente permite redistribuir los recursos entre programas previamente aprobados por el congreso, sin incrementar el monto total autorizado ni alterar la finalidad de la inversión pública productiva establecida por el propio órgano legislativo.
“Por estas razones, el proyecto propone declarar procedente, pero infundada, la presente acción de inconstitucionalidad, y, en consecuencia, reconocer la validez de las normas impugnadas”, señaló la togada.
