La falta de liberación jurídica de los predios donde se proyecta construir el puente vehicular del bulevar Aeropuerto podría generar responsabilidades administrativas e incluso penales para los funcionarios municipales que autoricen el inicio de la obra, advirtió Jorge Marcelino Trejo Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados de León.
“Antes de comprometer recursos públicos en este proyecto, el municipio debe acreditar que los terrenos están legalmente disponibles, libres de gravámenes y sin restricciones que impidan utilizarlos para la construcción de infraestructura pública”, señaló
Explicó que existen dos procedimientos fundamentales que deben cumplirse: el primero corresponde al aspecto financiero y contable, para justificar que los recursos destinados a la obra estén debidamente presupuestados y que su reasignación no afecte ilegalmente otras partidas municipales; el segundo consiste en garantizar la certeza jurídica de las propiedades involucradas.
“No puedes destinar dineros, ni puedes autorizar un puente o accionar un puente para su construcción cuando legalmente no está liberado”, advirtió.
Trejo Ortiz recordó que parte de las complicaciones del proyecto estarían relacionadas con uno o dos predios vinculados a un fideicomiso o una Fibra, cuya liberación requiere procedimientos especiales que pueden prolongarse, por ello, consideró indispensable conocer la situación jurídica de los terrenos antes de avanzar.
Advirtió que, de autorizarse la obra sin cumplir estos requisitos, los responsables podrían enfrentar sanciones, amonestaciones, inhabilitaciones e incluso consecuencias penales si se acredita un daño o menoscabo al patrimonio público.
“Cuando tú eres alcalde o eres Ayuntamiento y autorizas algo, siempre va a haber una autoridad superior, como el Estado o Fiscalización, y ellos determinarán hasta dónde te puede llegar una responsabilidad”, señaló.
El expresidente del Colegio de Abogados consideró que el conflicto entre el Gobierno del Estado y el Municipio ha evidenciado fallas en la planeación y conducción del proyecto, pues sostuvo que no basta con anunciar que existen recursos para construirlo si todavía no están resueltas las condiciones legales.
Además, cuestionó que el Municipio pretenda financiar la totalidad de la obra con recursos propios, al señalar que también debe transparentar de qué partidas se obtendría el dinero y qué otras áreas podrían resultar afectadas por la reasignación presupuestal.
Sostuvo que el proyecto debe avanzar únicamente cuando estén debidamente justificadas las partidas financieras y acreditada la liberación jurídica de los terrenos, pues de lo contrario se podría comprometer el patrimonio municipal y generar problemas legales para los funcionarios que intervengan en su autorización.