La aprobación del nuevo modelo de transparencia que sustituye al extinto Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), representa un retroceso institucional que podría debilitar las garantías para el acceso a la información pública y la protección de datos personales, advirtió Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.
Tras la reforma aprobada por el Congreso local para armonizar la legislación estatal con los cambios constitucionales impulsados a nivel federal, las funciones de transparencia quedarán bajo la responsabilidad de una agencia adscrita a la Contraloría del Estado, lo que para el especialista implica un cambio profundo respecto al modelo anterior, basado en un órgano autónomo.
“Jalisco siempre fue pionero en temas de transparencia, y ahora tuvimos que dar, en términos institucionales, un paso atrás”, señaló.
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Chacón explicó que el principal problema radica en que el nuevo esquema elimina la independencia del organismo garante y coloca las decisiones sobre acceso a la información dentro de la propia estructura gubernamental.
"De pasar a tener un organismo garante autónomo, es decir, un organismo que veía por el derecho al acceso a la información, autónomo, que no tenía mayor relación con el poder, pasamos a que las autoridades, los gobiernos, sean juez y parte de este acceso a la información”, afirmó.
El director de Jalisco Cómo Vamos recordó que el acceso a la información pública es un derecho constitucional y no una concesión de las autoridades.
“Estamos hablando de un derecho. Los gobiernos están obligados a hacer que podamos ejercer ese derecho. No es una concesión, no es que muchas gracias por mostrarnos los datos, es su obligación, porque esa información nos pertenece”, aseguró.
¿Cómo funciona la nueva estructura?
Actualmente, la nueva estructura contempla que la Contraloría del Estado funja como instancia garante para el Poder Ejecutivo estatal y los 125 municipios. Para Chacón, esto genera interrogantes incluso sobre la autonomía municipal, ya que una dependencia estatal será la encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los ayuntamientos.
Además, señaló que asuntos relacionados con partidos políticos y sindicatos deberán canalizarse a instancias federales, lo que complica el acceso para la ciudadanía y aleja la atención de los conflictos del ámbito local.
“Esto, simplemente por concepto, es un retroceso grandísimo respecto a lo que teníamos con el ITEI, que era una instancia local para atender a las y los jaliscienses”, indicó.
Para el especialista, la principal preocupación es que la Contraloría forme parte del mismo Poder Ejecutivo al que deberá supervisar “La implicación central es que sean juez y parte. La Contraloría es parte del Ejecutivo del estado y aunque podemos tener confianza en la titular de la Contraloría, a final de cuentas es un asunto ético”
A su juicio, el nuevo modelo deja el ejercicio del derecho de acceso a la información sujeto a la voluntad de quienes encabecen el gobierno y las dependencias responsables “Quedamos a expensas de las personas. La trama legal tiene que ver con que no dependamos de personas, sino que las personas que encabecen los gobiernos tengan las reglas claras”.
También advirtió que, en caso de una negativa de información, la ciudadanía tendría pocas alternativas inmediatas para impugnar las decisiones “A la hora que tengamos una queja, pues el mismo gobierno es el que nos va a responder. ¿Y después cuál es la otra instancia? Quizá ampararnos, pero es demasiado para un derecho que tendría que ser inmediato”, señaló.
Desde la perspectiva de Jalisco Cómo Vamos, la reforma llega en un contexto de baja confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Chacón explicó que las mediciones del observatorio muestran que los niveles de confianza en gobiernos, fiscalías y poderes públicos continúan siendo reducidos, por lo que debilitar los mecanismos de transparencia podría agravar esa percepción.
“Todas estas reformas que ha impulsado el gobierno de la república desde el sexenio anterior no abonan a la confianza, abonan a la concentración del poder. Y esa concentración del poder lo único que hace es distanciar a los gobernados de los gobernantes”, advirtió.
Agregó que la transparencia y la protección de datos personales son herramientas fundamentales para fortalecer la legitimidad gubernamental y generar certeza entre la población.
Aunque la reforma ya define quiénes asumirán las funciones que antes realizaba el ITEI, Chacón subrayó que todavía falta construir el andamiaje legal que permitirá conocer cómo operará realmente el nuevo sistema “Nos falta saber esos quiénes, cómo van a hacer su trabajo de darnos acceso a la información”.
Por ello, consideró indispensable que las leyes secundarias establezcan mecanismos claros para garantizar la publicación proactiva de información pública y evitar que el acceso dependa exclusivamente de solicitudes ciudadanas.
Llamó a no perder de vista que la transparencia es un derecho fundamental “Es un derecho, no es una concesión. Veamos las consecuencias y estemos preparados para alzar la voz cada que se pueda”, concluyó.
MC
