La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 24 años y ocho meses de prisión en contra de Alejandro “N”, tras acreditarse su plena responsabilidad en los delitos de homicidio y violación equiparada, cometidos en el municipio de Silao.
El fallo representa un avance relevante en el combate a la impunidad en casos de violencia ocurridos al interior de centros conocidos como anexos.
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De acuerdo con la investigación ministerial, el ahora sentenciado se desempeñaba como guardia en un anexo ubicado en la colonia Anáhuac, donde participó de manera directa en las agresiones que privaron de la vida a la víctima.
La resolución judicial fue resultado de una indagatoria exhaustiva, sustentada en el análisis técnico de los hechos y en una integración sólida de pruebas periciales, testimoniales y científicas.
Los hechos se registraron entre los días 20 y 21 de diciembre de 2023. El miércoles 20, aproximadamente a las 16:33 horas, la víctima ingresó al centro, donde fue sometida a una golpiza y posteriormente víctima de violación. Durante su estancia, Alejandro “N” ordenó a otro paciente anexado que vigilara a la persona agredida, pese a que en repetidas ocasiones se le informó que presentaba lesiones graves, extrema debilidad y dificultades para respirar.
La autoridad acreditó que, de manera deliberada, se omitió brindarle atención médica oportuna, lo que agravó su estado de salud. Finalmente, alrededor de las 03:00 horas del jueves 21 de diciembre de 2023, la víctima falleció a consecuencia de las lesiones sufridas. Los dictámenes periciales concluyeron que los múltiples traumatismos afectaron funciones vitales como la deglución, la conciencia y la respiración, provocando una broncoaspiración que derivó en su muerte.
La Fiscalía informó que, por estos mismos hechos, dos personas más ya se encuentran sentenciadas, mientras que otras dos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. Además de la pena privativa de la libertad, Alejandro “N” deberá pagar las multas correspondientes y cumplir con la reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas, conforme a lo establecido por la ley.
