Plasida Calzada, diputada y presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso del Estado de Guanajuato, mencionó que se estará trabajando en un exhorto hacia el fiscal general del Estado de Guanajuato para que acepte las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
Esto ocurre tras cuestionársele al fiscal en su comparecencia el pasado martes sobre este tema, a lo que se limitó a responder: "Nuestro objetivo no es solamente aceptar y cumplir recomendaciones, es prevenir que la vulneración vuelva".
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"Es lamentable que se cierre de esta manera, es un mal mensaje que le están dando a los ciudadanos y sí nos gustaría que, en medio de la atención que él dice que está dando, ahí estuviera el término aceptar y efectivamente falló y hay que acatar la recomendación que le están haciendo la Procuraduría. Desde el grupo hay que analizar la posibilidad de realizar un exhorto y ponerlo nuevamente sobre la mesa; creo que es muy importante, para algo está nuestra Procuraduría y hay que atender sus recomendaciones", dijo Calzada.
Un caso emblemático fue el de Dulce Alejandra, cuyo cuerpo fue exhumado en el municipio de Irapuato. La PRODHEG emitió el 12 de diciembre de 2025 una recomendación para que se investigara la actuación del agente del Ministerio Público y se reparara el daño a la víctima indirecta, la cual finalmente no fue aceptada por la Fiscalía.
De acuerdo con la Fiscalía, la exhumación del cuerpo de Dulce Alejandra se realizó debido a que los restos humanos ubicados en 2020 correspondían a cuatro personas más, que habían sido localizados de manera segmentada.
"Está faltando al humanismo que él ha estado mencionando, es una falta de sensibilidad, una falta de compromiso con aquello que él mencionó que era el humanismo cuando vino y rindió protesta, cuando se comprometió a trabajar con la sociedad y demás organismos, en este caso también con la Procuraduría, y si no lo está cumpliendo, tenemos que seguirlo señalando", puntualizó Calzada.
Otro caso es el de Alana, una menor de ocho años que murió en un tiroteo con agentes de la Fiscalía de Guanajuato, quienes iban a detener a su padre en San Miguel de Allende. Se denunciaron negligencia y la negativa de la dependencia para aceptar una recomendación de la PRODHEG que señalaba fallas en la investigación y presunta negligencia.
