Luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), emitió una serie de recomendaciones en los casos de Dulce Alejandra el cuerpo que fue exhumado en el municipio de Irapuato y en el de Alana, la niña que murió en un tiroteo con agentes en San Miguel de Allende, la Fiscalía General del Estado no las aceptó.
MILENIO tiene copia del oficio 224/2026 donde la Fiscalía General del Estado responde a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, donde señala que de acuerdo a la resolución de recomendación con fecha de 15 de diciembre de 2025 “no se acepta la recomendación”, esta corresponde al caso de Dulce Alejandra Marmolejo López.
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Se puede leer que respeto a la conclusión de que “La exhumación del cadáver de la hija de la quejosa constituyó una omisión en la salvaguarda del derecho humano a la seguridad jurídica (…) se estima que tal omisión no se actualiza ni fáctica ni jurídicamente”.
“En el presente caso, es de señalar que contrario a lo que se asienta, no existió injerencia arbitraria, abusiva, ni ilegítima, ni tampoco una omisión en el deber de garantía que dicho precepto constitucional establece”.
De acuerdo con la Fiscalía, la exhumación del cuerpo de Dulce Alejandra se realizó debido a que los restos humanos ubicados en 2020 correspondían a cuatro personas más, que habían sido localizados de manera segmentada.
“Que estos habían sido sometidos a un armado corporal en conjunto, siendo dos cadáveres de mujeres y tres de hombres, así se establece de la propia necropsia realizada al cadáver de la hija de la quejosa, sin que existiera al momento, dictamen pericial en genética que permitiera determinar con certeza su identidad total. Esta circunstancia generaba un estado objetivo de incertidumbre jurídica”.
Lo que generó un doble objetivo de incertidumbre jurídica, tanto para María Teresa Marmolejo López madre de Dulce Alejandra como para otra víctima indirecta, quien solicitaba conocer si entre los restos se encontraban fragmentos correspondientes a su pareja sentimental.
En la respuesta informa, que a la madre de Dulce Alejandra se le explicó el motivo de la diligencia y que otorgó su consentimiento para la exhumación.
Según el oficio, la exhumación se realizó el 15 de julio de 2025, acompañada por la propia madre, y los estudios genéticos posteriores confirmaron que la totalidad del cuerpo correspondía a Dulce Alejandra, resultado que fue informado el 25 de julio de 2025.
“La exhumación en comento permitió llevar a cabo los estudios periciales en genética que confirmaron que la totalidad de los restos entregados correspondían a la hija de la ahora quejosa”, expuso la Fiscalía, al subrayar que la diligencia permitió también descartar que hubiera restos de otra persona.
La Prodheg emitió, el 12 de diciembre de 2025 una recomendación para que se investigara la actuación del agente del Ministerio Público y se reparara el daño a la víctima indirecta, la cual finalmente no fue aceptada por la Fiscalía.
María Teresa Marmolejo López, madre de Dulce Alejandra, informó que fue a través de correo electrónico como recibió la notificación formal sobre la negativa de la Fiscalía para aceptar la recomendación emitida por la Procuraduría; sostuvo que, la Fiscalía debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido y afirmó que el error no fue de su parte.
“Si yo tenía un 50 por ciento de que no era mi hija y con la exhumación del cuerpo, pues ahora ya tengo el 100 por ciento de que era mi hija”, afirmó.
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Denuncian negligencia e indiferencia de Fiscalía padres de Alana
Padres de la menor Alana, de ocho años, quien murió en un tiroteo con agentes de la Fiscalía de Guanajuato que iban a detener a su padre en San Miguel de Allende, denunciaron negligencia y la negativa de esa dependencia para aceptar una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) que señalaba fallas en la investigación y presunta negligencia.
A casi un año de la muerte de la pequeña Alana, los padres de la menor aseguran que no hay responsables, y que incluso el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, nunca los ha recibido. Además de que los agentes que la mataron siguen sin castigo y trabajando como si nada hubiera pasado.
Alana murió el 11 de marzo del 2025 en un operativo que realizó la Fiscalía de Guanajuato para aprehender a su padre Alan Pérez quien tenía una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio en agravio de su hermana con quien tenía conflictos por una herencia.
Esa mañana Alan llevaba a sus hijas a la escuela junto con dos de sus escoltas cuando les cerraron el paso dos vehículos con vidrios polarizados y sus escoltas al pensar que se trataba de un secuestro abrieron fuego y trataron de escapar.
Los agentes de la Fiscalía dispararon contra la camioneta y una de esas balas mató a la menor Alana, quien fue llevada a una clínica donde nada pudieron hacer y ahí fue detenido su padre.
En la resolución del expediente 0732/2025, la Prodheg confirma que hubo uso excesivo de la fuerza sin que hubiera una planeación en el operativo de los agentes de Investigación Criminal y confirmaron que no garantizaron el derecho a la vida de Alana y golpearon a su padre aún y cuando ya estaba detenido.
“Por lo expuesto, AIC-01, AIC-02, AIC-03, AIC-04, AIC-05, AIC-06, AIC-07 y AIC-08; omitieron salvaguardar el derecho humano a la vida de NN-01, pues omitieron realizar una planeación para la implementación de la orden de aprehensión, y como consecuencia de su ejecución, no fue proporcional el uso de la fuerza;”, dice la resolución de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.
Además, la Prodheg pide una compensación a las víctimas y que les otorgue atención psicológica. También pide a la Fiscalía que inicie una investigación y que capacite a agentes de Investigación Criminal en capacitación en Derechos Humanos.
