El facilitar o procurar el consumo de cigarros y dispositivos de administración de nicotina en personas menores de 18 años podría ser tipificado como delito de corrupción de menores en Tamaulipas.
En el Congreso local se promueve una iniciativa que busca penalizar a aquellos adultos que promuevan este tipo de consumo en menores de edad, como parte de una estrategia para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.
Reformar artículo 192 del Código Penal de Tamaulipas
La propuesta plantea reformar el artículo 192 del Código Penal del estado, a fin de incorporar de manera expresa el consumo de tabaco y vapeadores (cigarros electrónicos) dentro de las conductas sancionadas en el delito de corrupción de menores e incapaces.
Esta iniciativa responde al incremento en uso de estos dispositivos entre jóvenes, lo que representa un riesgo significativo para su salud y desarrollo integral.
En ese sentido, se ha señalado la necesidad de actualizar el marco legal para atender los nuevos desafíos en materia de salud pública y prevención de adicciones.
Actualmente, el artículo 192 del Código Penal de Tamaulipas sanciona conductas como inducir a menores a la ebriedad, el consumo de drogas o la prostitución. Con la reforma, se ampliaría este catálogo para incluir explícitamente el consumo de tabaco y vapeadores, reforzando así la protección integral de la infancia y adolescencia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones, el uso de vapeadores en adolescentes ha aumentado considerablemente y conlleva riesgos como adicción temprana, afectaciones al sistema respiratorio y posibles enfermedades crónicas.
Asimismo, se estima que en México más del 10% de estudiantes de nivel secundaria y preparatoria han probado dispositivos electrónicos de nicotina, siendo tendencia preocupante.
La iniciativa también busca armonizar la legislación estatal con los principios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente en materia de salud, educación y fortalecimiento institucional.
