El Gobierno de Jalisco presentó al Congreso del Estado la iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, un proyecto que busca mejorar la calidad del agua que llega al Área Metropolitana de Guadalajara, reducir las pérdidas durante su traslado y disminuir la presión sobre el lago.
La propuesta fue entregada menos de dos horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera su aval al proyecto del gobernador Pablo Lemus e informara que una copia ya había sido enviada a la Secretaría de Hacienda.
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La obra contempla una inversión inicial estimada de 11 mil 922 millones de pesos y, de acuerdo con el Gobierno estatal, beneficiaría a 3.15 millones de habitantes. Para financiarla, se propone la participación de una empresa privada y pagos con presupuesto de Jalisco durante 20 o 25 años.
El mandatario pidió a los legisladores respaldar la propuesta y afirmó que, si se aprueba, la inversión estatal en las obras del sistema Chapala alcanzaría aproximadamente 18 mil millones de pesos.
El secretario de la Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, explicó que el acueducto cerrado existente llegó al término de su vida útil, mientras que el sistema antiguo está expuesto a distintas fuentes de contaminación durante el trayecto hacia Guadalajara.
Según el funcionario, el acueducto tiene 42 años desde su construcción y 35 años de operación sin haber recibido mantenimiento en su tramo de bombeo. Detenerlo, señaló, implicaba dejar a la ciudad sin el volumen de agua que transporta desde Chapala.
La nueva infraestructura permitiría conducir el líquido con menores pérdidas y consumo de energía. El objetivo es aprovechar mejor el agua disponible, sin incrementar los volúmenes de extracción autorizados por la Comisión Nacional del Agua. Además, una vez construido el sustituto, el acueducto actual podría recibir mantenimiento y quedar como respaldo. Esto permitiría alternar su uso cuando alguna de las dos instalaciones necesite reparaciones.
¿Cuál es el costo del nuevo acueducto de Chapala?
Durante la presentación, Luis García Sotelo, secretario de Hacienda Pública del estado, planteó garantizar la llegada de 7.5 metros cúbicos de agua por segundo durante la vigencia del proyecto. El funcionario estatal explicó que se propone el modelo CMRO, que significa Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación. En este esquema, una empresa privada no solamente construiría el acueducto: también aportaría el financiamiento y tendría obligaciones para mantenerlo, repararlo y operarlo conforme a las condiciones del contrato. La iniciativa solicita autorizar una asociación público-privada y presenta dos opciones.
La primera contempla un contrato de 20 años, con un techo financiero de 39 mil 688 millones de pesos. Incluye hasta dos años para ejecutar el proyecto y hasta 18 años de mantenimiento, rehabilitación y operación. La segunda propone un contrato de 25 años, con un techo financiero de 48 mil 296 millones de pesos. Considera hasta dos años para ejecutar la obra y hasta 23 años para prestar esos servicios. Estos montos son los límites financieros previstos para el contrato completo, mientras que los 11 mil 922 millones corresponden a la inversión inicial estimada. Las condiciones definitivas dependerán de la licitación y de la propuesta seleccionada.
El concurso sería público y nacional. La empresa tendría que aportar capital y podría contratar financiamiento para cubrir el resto de la inversión. Los pagos se realizarían a través de la Comisión Estatal del Agua, con recursos propios y aportaciones del Gobierno de Jalisco. Una parte se destinaría a recuperar la inversión y otra a operación y mantenimiento.
El Estado tendría que incluir cada año los recursos necesarios en su presupuesto y respaldaría las obligaciones mediante ingresos propios como garantía o fuente alterna de pago. García Sotelo y Lemus aseguraron que el proyecto no contempla contratar deuda pública, concesionar el agua ni privatizar el servicio de abastecimiento. También afirmaron que su costo no se trasladaría a las tarifas del SIAPA, porque sería cubierto con presupuesto estatal.
Según lo planteado, la empresa conservaría la propiedad de la infraestructura construida hasta recuperar la inversión. Una vez cubierta esa parte del pago, deberá entregarla a la Comisión Estatal del Agua libre de gravámenes, aunque continúen sus obligaciones de operación y mantenimiento. El contrato también contemplaría estándares de calidad y sanciones por incumplimiento. El inversionista deberá cumplir las normas sobre calidad del agua para consumo humano, hermeticidad de las instalaciones, vigilancia sanitaria y seguridad de la infraestructura.
Hacienda estimó que el costo anual de operación del acueducto podría bajar de 750 millones a un máximo de 590 millones de pesos. La diferencia sería de 160 millones anuales, que permitirían al SIAPA fortalecer sus finanzas y atender otras necesidades de la red.
SRN
