Activistas defensoras de víctimas de violencia vicaria protestaron frente a los juzgados de oralidad de Pachuca, Hidalgo, para demandar la liberación de Lilia Fernanda Remes Oropeza, quien denunció a su presunto agresor, pero fue detenida y vinculada a proceso luego de que el violentador la acusó de robo.
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De acuerdo con las activistas, en mayo de este año, tras divorciarse, la expareja de Lilia sustrajo a sus tres hijos al considerar que la mujer no era apta psicológicamente para hacerse cargo de ellos, además de denunciarla por robo. En su contra testificaron su mamá y hermana.
Señalaron que a este caso se suma el de Gabriela Esparza, quien tiene ocho años sin ver a sus hijas, que fueron sustraídas por su expareja sentimental, quien además la denunció por pensión alimentaria, y por lo que ahora se pretende que pague 180 mil pesos.
Denuncian a 300 deudores alimentarios
Esto ocurre contra las mujeres, señalaron, mientras que este año se tiene un acumulado de alrededor de 300 deudores alimentarios contra quienes las autoridades judiciales no han ejercido ninguna acción.
Por ello pidieron revisar el actuar de jueces, ministerios públicos y abogados, pues criticaron que las mujeres que se han atrevido a denunciar la violencia vicaria increíblemente están pasando de víctimas a victimarias.
Además, acusaron ser víctimas de amenazas por exhibir tendederos de deudores alimentarios y violentadores, pese a que afirmaron que ya hay jurisprudencia que les garantiza su derecho a este tipo de protestas.
