Pese a que la legislación vigente en Jalisco prohíbe expresamente el traslado de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales, el servicio continúa ofertándose de manera abierta en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Ante esta omisión, desde el Congreso del Estado cuestionaron la inacción de las autoridades para obligar a las empresas a acatar la norma.
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Tras el feminicidio de Karla Margarita, se busca que SETRAN haga cumplir la ley
La diputada de la bancada de Hagamos, Valeria Ávila, presentó un acuerdo legislativo para exhortar formalmente a la Secretaría de Transporte y a la Secretaría de Seguridad a hacer cumplir la ley.
El debate cobró urgencia tras el feminicidio de la estudiante de Medicina, Karla Margarita Pérez Jiménez, caso en el que se detuvo a un conductor de transporte por aplicación como presunto responsable.
El artículo 215 de la Ley de Movilidad de Jalisco impone restricciones claras al uso de motocicletas para el transporte público.
Incluso, la propia Setran notificó formalmente a empresas como Uber, DiDi e inDrive desde el 9 de octubre de 2025 que esta modalidad carece de autorización en la entidad.
"¿Qué es lo que está sucediendo tanto con la Secretaría de Transporte como con la Secretaría de Seguridad que no han podido darle cumplimiento a la ley? Quiere decir entonces que las plataformas en el estado de Jalisco están por encima de la ley", recriminó la legisladora.
Para evidenciar la falta de supervisión y la disponibilidad del servicio, la diputada realizó una prueba en vivo desde su dispositivo móvil durante la sesión, comprobando que es posible solicitar un viaje en motocicleta sin ningún tipo de restricción técnica o geográfica.
"Lo siguen ofertando, lo tengo aquí justamente: acabo de pedir una motocicleta hacia el centro de Tonalá por 122 pesos saliendo desde el Congreso del Estado. Puedo confirmar la moto, el método de pago y todo está vigente", denunció Ávila.
Aunque la Secretaría de Transporte ha reportado la ejecución de operativos que derivaron en el retiro de 41 motocicletas de circulación, la emisión de 41 infracciones y multas de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización a las plataformas tecnológicas, la opción sigue activa dentro de los catálogos de las aplicaciones.
La congresista señaló que no existe un padrón oficial que permita dimensionar cuántas unidades operan actualmente bajo este esquema clandestino.
Por ello, solicitó a las dependencias estatales un informe detallado sobre las acciones que se implementarán para sancionar a las empresas y obligarlas a desactivar de forma definitiva dicha modalidad en el estado.
CH
