El Congreso de Hidalgo recibió una iniciativa que busca crear herramientas legales específicas para prevenir, atender y sancionar el ciberacoso contra trabajadores de la educación, un fenómeno que ha crecido al ritmo del uso de redes sociales y plataformas digitales dentro de la comunidad escolar.
La propuesta fue presentada por el diputado José Alejandro Pérez Ramírez y plantea incorporar a la legislación estatal una definición precisa del ciberacoso en el entorno educativo, con el fin de que las autoridades cuenten con criterios claros para identificar, atender y dar seguimiento a este tipo de conductas.
De acuerdo con el planteamiento, maestras, maestros y personal escolar enfrentan cada vez con mayor frecuencia situaciones de hostigamiento digital que van desde mensajes intimidatorios hasta campañas de desprestigio y ataques a su reputación profesional difundidos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
La iniciativa señala que estas agresiones no solo impactan el desempeño laboral de los trabajadores de la educación, sino que también generan afectaciones en su entorno personal y familiar. Además, advierte que el marco normativo vigente carece de mecanismos suficientemente claros para responder a este tipo de violencia en los espacios digitales.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentra la creación de protocolos institucionales que permitan una atención oportuna cuando se denuncien casos de ciberacoso. El objetivo es que las autoridades competentes puedan intervenir de manera inmediata para proteger a la persona afectada, dar seguimiento a los hechos y aplicar las sanciones correspondientes cuando exista responsabilidad.
La iniciativa también busca fortalecer las condiciones de seguridad digital para quienes desarrollan actividades dentro del sistema educativo, en un contexto donde la comunicación entre docentes, estudiantes y familias depende cada vez más de herramientas tecnológicas.
Con esta propuesta, Nueva Alianza Hidalgo sostiene que busca atender una demanda creciente del magisterio y trasladar a la legislación mecanismos de protección que respondan a los retos que enfrentan los trabajadores de la educación en los entornos digitales.
