El abuso por parte de empresas prestadoras de créditos al momento de cobrar adeudos, pese a que los clientes tengan convenios acordados, genera que los Juzgados Civiles y Mercantiles se saturen de trabajo debido a que los despachos de cobranza ignoran tales acuerdos, promoviendo de todas formas procesos judiciales.
El caso de José es uno de ellos. Tuvo un atraso de varios meses en una tienda departamental en Tampico debido a cuestiones laborales, y aunque nunca se negó a pagar su pendiente y lograr un convenio de pago personal, aunque con una deuda mayor a la que tenía, José empezó a ponerse al corriente en sus obligaciones.
Te recomendamos
Sin embargo, el despacho de cobranza que la tienda departamental contrató para hacer las labores de recuperación del saldo, hizo menos el convenio de la empresa con el cliente y de todas maneras promovió un medio preparatorio mercantil.
Al respecto, especialistas en Derecho hicieron un llamado urgente a la ética corporativa y a la eficiencia procesal, pues consideran que es una tendencia preocupante el hecho que empresas que, a pesar de haber pactado convenios de pago con sus clientes, ignoran lo acordado y proceden con acciones legales injustificadas.
Esta práctica, dijo el abogado Fausto E. Villarreal, especialista en Derecho Civil y Familiar, Barrista y Académico, además de vulnerar los derechos de los consumidores y deudores que han cumplido cabalmente con sus compromisos, está generando una carga excesiva e innecesaria en los Juzgados Civiles y Mercantiles, entorpeciendo la impartición de justicia para casos que sí requieren intervención judicial.
¿Por qué demandan aunque exista un convenio de pago?
José estaba confiado en haber realizado un buen convenio de pagos con la tienda departamental, pero el problema comenzó un mes y medio después.
En la puerta de su domicilio estaba un actuario del Poder Judicial de Tamaulipas, quien llevaba una notificación de demanda por parte del despacho de cobranza, que exigía un pago mayor del que se acordó con la tienda, por intereses y gastos legales, pese a que José ya había hecho tres abonos por la cantidad que la tienda le había indicado.
De inmediato se comunicó al área de cobranza de la tienda, donde le dijeron que revisarían la situación. También marcó a ese despacho (que meses atrás estuvo hostigando con llamadas), para exigir una explicación sobre ese proceso judicial pese a tener un convenio activo que se estaba pagando en tiempo y forma.
“No le haga caso, no pasa nada, con el papel que le dieron en la tienda usted comprueba en caso de que quieran ir a embargar”, fue la respuesta de la “licenciada”.
La ignorancia casi pone en riesgo el convenio de José, por lo que buscó asesoría legal de un abogado quien le dijo que de inmediato tenía que contestar la notificación. El afectado presentó las pruebas y comprobantes de pago vigentes al Juzgado, mismas que el juez validó, y el despacho de cobranza insistió en cobrar otro monto, es decir, nunca desistió del proceso judicial pese a haberle dicho que no se preocupara.
“No es posible que el mismo despacho de cobranza me haya insistido en iniciar el convenio, con los montos que me indicaron y que accedí, luego fui a la tienda a firmar el convenio con las cantidades que ellos tenían en su sistema, para que después a mis espaldas el despacho exigiera otro monto mayor al que la misma tienda pedía, y que iniciaran un proceso judicial pese a ir al corriente, poniendo en riesgo mis pagos porque ahora tengo que pagar un abogado que me defienda de esta injusticia”
Hasta el momento, el trámite judicial continúa y José espera que el juez tome en cuenta su respuesta pues, con todas las pruebas en mano, el afectado sigue pagando como acordó directamente con la tienda.
Despachos de cobranza saturan a Juzgados
El abogado Fausto E. Villarreal, dejó en claro que el convenio debe ser “un pacto que debe ser sagrado”, sin embargo hay empresas, tiendas y despachos de cobranza que buscan afectar a las personas pese a que acordaron pagos.
“Jurídicamente, un convenio celebrado entre las partes tiene la fuerza de una sentencia ejecutoriada (cosa juzgada). Sin embargo, se ha detectado que algunas instituciones, principalmente del sector financiero y comercial, ejercen acciones ejecutivas o de cobro sobre saldos ya liquidados o reestructurados bajo convenios previos. La buena fe debe imperar en las transacciones comerciales. Si un cliente cumple con lo pactado, la empresa tiene la obligación legal y moral de dar por terminada cualquier intención de litigio", señaló el experto en la materia.
Justicia lenta por exceso de litigios estratégicos
El problema va más allá y trasciende el conflicto entre particulares, sostuvo Fausto Villarreal, pues cuando una empresa demanda a un cliente que ya cumplió, satura el sistema y los jueces deben dedicar tiempo y recursos a expedientes que no deberían existir.
“También se afecta la carga económica del demandado, pues el cliente se ve obligado a contratar defensa legal para demostrar un cumplimiento que la empresa ya conoce. De igual forma retrasa la justicia real, ya que hay otros procesos de carácter familiar, civil o penal que se ven desplazados por esta "inflación" de expedientes derivados de cobros improcedentes”.
Llamado a la Responsabilidad Social
El exhorto es claro, sostuvo el litigante, y es que las empresas deben revisar sus procesos de cobranza y departamentos legales para asegurar que se respete la economía procesal.
“Un convenio respetado no solo habla de la salud reputacional de una marca, sino que contribuye a que el Poder Judicial pueda enfocarse en resolver los conflictos donde realmente existe una controversia legítima. Se recomienda a la ciudadanía conservar siempre sus comprobantes de pago y copias certificadas de los convenios, a fin de evitar ser víctimas de estas prácticas que hoy mantienen a los tribunales al borde de la saturación operativa”.
El respaldo legal: el convenio como ley entre las partes
Desde la perspectiva del Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, Fausto Villarreal explicó que un convenio debidamente ratificado no es una simple promesa, sino una obligación con fuerza de ley.
“Ignorar estos acuerdos para iniciar un nuevo litigio contraviene el principio de buena fe procesal”.
Al respecto, expuso que la legislación local es clara, pues el ejercicio de acciones legales cuando existe un cumplimiento previo puede derivar no solo en la improcedencia de la vía, sino en la condena en costas para la empresa que demanda injustamente.
“Esto significa que la empresa podría ser obligada a pagar los honorarios del abogado de la contraparte por actuar con temeridad o dolo. La justicia debe ser el último recurso, no una herramienta de presión para quien ya ha cumplido. Respetar los convenios es respetar el tiempo de los tribunales y la estabilidad económica de las familias", recalcó el especialista.
