La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI), Edith Olivares Ferreto, advirtió que en México, más de 132 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas, de las que más del 90 por ciento de casos corresponden a los últimos 20 años.
Asimismo, alertó que las mujeres que enfrentan la desaparición de algún familiar han asumido las búsquedas, lo cual trae consecuencias graves y riesgos para su vida, su salud y su patrimonio.
Durante un foro del Bildner Center for Western Hemisphere Studies, efectuado en Nueva York, la defensora de derechos humanos expuso que, aunque esta crisis viene del pasado, las mujeres buscadoras no sólo intentan localizar a personas desaparecidas hace más de una década, sino también a víctimas de hechos recientes.
“El riesgo que ellas enfrentan está vinculado con muy corto plazo, con quienes posiblemente desaparecieron a sus familiares”, indicó Olivares Ferreto.
Por otro lado, recordó que el informe Desaparecer otra vez. Violencia y Afectaciones que Enfrentan las Mujeres Buscadoras en México documenta que las mujeres buscadoras realizan tareas que corresponden al Estado; son las que recorren colonias, cárceles y terrenos, abren fosas clandestinas y recuperan restos humanos.
A su vez, planteó que en México existen tres crisis: la primera es la de desapariciones; la segunda es la crisis de búsqueda y la tercera es una crisis de identificación forense.
“Las familias suelen trasladarles esa responsabilidad como extensión de las labores de cuidado y porque, en muchos hogares, los hombres mantienen el ingreso familiar y en una decisión no racional se tiende a delegar en ellas mujeres la búsqueda de los familiares desaparecidos", sostuvo la directora de AI.
Esta situación las ha colocado en una posición de riesgo, como parte de la cual han sido víctimas de amenazas, ataques, estigmatización y violencia institucional. Recordó que, desde 2010, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas.
“Es una suerte como desaparición al cuadrado, donde la persona que está buscando también es desaparecida”, indicó.
En ese sentido, Amnistía Internacional ha recomendado que sean reconocidas como defensoras de derechos humanos, garantizar su derecho a buscar por cuenta propia y brindarles protección, sin eximir a las autoridades de localizar a las víctimas.
La búsqueda desgasta, enferma y desestabiliza la economía
El desgaste también enferma. Una importante mayoría de las mujeres buscadoras reportan padecimientos físicos o mentales, desde lesiones en la piel por contacto con restos humanos hasta ansiedad, depresión, ataques de pánico y trastornos digestivos.
A ello se añade el empobrecimiento, debido a que muchas dejan sus empleos o los pierden, ya que eligen salir a buscar a sus desaparecidos.
A su vez, se suma que deben financiar sus búsquedas con sus propios recursos porque necesitan palas, picos, botas, gasolina y alimentos para las jornadas.
Finalmente, la directiva de AI subrayó que la exigencia a las autoridades no se limita a protegerlas de agresiones, sino que debería extenderse a la atención de las consecuencias en materia de salud y económicas, es una tarea que el Estado tiene la obligación de realizar.
Al dolor de la desaparición se suma el dolor de los hallazgos
Por su parte, Bibiana Mendoza Negrete, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, en Guanajuato, relató que busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete desde enero de 2018.
Contó que, junto con sus compañeras, al dolor de buscar a alguien se suma la localización de restos en lugares y formas atroces, desde dentro de muros de fincas abandonadas, tuberías de agua; revisan entierros con datos incorrectos en panteones –lo que se convierte en una doble desaparición– y exploran cerros donde operan grupos criminales.
La mujer buscadora responsabilizó a las autoridades de no impedir que continúen las desapariciones y de fallar incluso después de que los colectivos entregan los restos.
“Lo triste es que todos los días salimos a buscar, conseguimos puntos de búsqueda, encontramos a las personas sin vida, les entregamos los cuerpos a las autoridades y lo mínimo que deberían de hacer es identificarlos y ni siquiera eso hacen”, lamentó.
En tanto, dijo que el gobierno debe reconocer que no han podido detener las desapariciones y que siguen con un registro de rezago forense de más del 78 por ciento de cuerpos sin identificar.
También denunció la violencia de estigmatización a las víctimas por su condición social o un supuesto consumo de drogas que facilita su deshumanización y revictimiza a las familias.
Nada es factor para ser desaparecido
El director del Bildner Center, Enrique Desmond Arias, coincidió con Mendoza Negrete al rechazar que se atribuya la culpa a las víctimas por un supuesto vínculo criminal o por estar en el lugar equivocado.
“No es la culpa de ellos, y esa retórica es problemática”, enfatizó.
El también profesor de Ciencia Política recordó cuando las dictaduras sudamericanas también intentaron justificar sus desapariciones al estigmatizar a quienes fueron perseguidos.
El problema representa una crisis de derechos humanos, de gravedad comparable a la vivida bajo las dictaduras de Chile y Argentina.
Advirtió que, aunque México tenga un régimen democrático, las desapariciones infunden terror, silencian comunidades y pueden reproducirse dentro de las democracias.
“El ejercicio de violencia por el Estado, el ejercicio de violencia por grupos armados siempre es parte del proceso de gobernar y de controlar (a las) personas. La desaparición es una modalidad particular que ayuda a esparcir terror, que crea amenazas”, consideró Desmond Arias.
Finalmente, ante estos escenarios, subrayó la importancia del trabajo que hacen las mujeres al buscar a sus familiares y llevarlo al conocimiento público.
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CQ
