Abogados de Nezahualcóyotl denunciaron una presunta red de invasores que, afirman, aparentemente opera coludida con autoridades locales y a nivel estatal.
El abogado Santos Montes Leal sostuvo que estos grupos supuestamente obtienen información sobre la situación jurídica y fiscal de diversos predios, para identificar propiedades cuyos dueños han fallecido, son adultos mayores o mantienen irregularidades en la documentación.
Presuntamente estarían involucrados servidores públicos
“Aquellos grupos delincuenciales que se están apoderando de las casas obtienen información del ayuntamiento de cómo es su estatus. Cuando está la información de que hay irregularidades, que no pagan predio, que no hay continuidad en los actos de dominio, entonces van y buscan formas para poderse apoderar de estos inmuebles”, afirmó.
El abogado aseguró que la presunta operación no se limitaría a particulares, sino que aparentemente involucra a servidores públicos de diversas instancias.
“No solo la policía preventiva, la policía ministerial, la que le llaman de investigación, sino también coludidos con ministerios públicos y, lo más grave del caso, con jueces”, señaló.
Montes Leal afirmó que, presuntamente, los grupos obtendrían datos de catastros y tesorerías para conocer quién aparece como propietario, quién paga los servicios y cuál es la situación de determinados predios.
Como ejemplo de la presunta colusión entre particulares y funcionarios, mencionó un expediente relacionado con un inmueble en Nezahualcóyotl.
“Una jueza, con relación al grupo de abogados que querían apoderarse de esa vivienda, de ese inmueble, le ordenó al ejecutor no llevar a cabo el lanzamiento”, relató.
Denuncia penal por presunto pago no realizado
Detalló que existe una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, interpuesta por una abogada litigante de identidad resguardada, pues presuntamente, al no realizarse un pago, se dictó una sentencia contraria a los intereses de su representado, resolución que posteriormente fue apelada y revocada por una sala civil.
“En algunos casos (en el juzgado) se habrían solicitado pagos de entre 25 mil y 30 mil pesos para obtener una sentencia favorable y 15 mil pesos adicionales para que determinadas notificaciones procesales siguieran adelante”, afirmó el denunciante Montes Leal.
kr
