Después de 30 años de construir su vivienda y formar sus hogares, 60 familias que habitan en la colonia Jardines de Santa Clara, en el municipio de Guadalupe, enfrentan una amenaza de desalojo por un presunto fraude inmobiliario.
Los afectados se manifestaron frente al Palacio Municipal para pedir ayuda y la intervención de las autoridades.
Adriana Guajardo Arands, vocera de los afectados, explicó que en los años 80 adquirieron sus terrenos a la fraccionadora Promisión SA de CV, sin embargo, cuando intentaron escriturar sus propiedades, descubrieron que ya existían escrituras apócrifas registradas a nombre de Aníbal Elizondo Chapa, quien presuntamente aprovechó la quiebra simulada de la fraccionadora para adjudicarse terrenos que ya habían sido vendidos, hipotecándolos posteriormente.
"Tenemos comprobantes de compraventa, tenemos recibos de pago. Sin embargo, cuando se acude a querer escriturar nuestras casas no se puede, porque ya existe una escritura apócrifa que fue obtenida por el señor Aníbal Elizondo Chapa. Ellos, la fraccionadora que nos vendió se declaró en quiebra, y los trabajadores se van a una demanda laboral, y ellos se adjudican los terrenos que la fraccionadora ya había vendido", dijo.
El conflicto escaló recientemente cuando la empresa Administradora CABE comenzó a ejecutar órdenes de desalojo.
"Nadie nos ha escuchado a nosotros, no nos han llamado a juicio a nadie. Nosotros tenemos manera de comprobar que nosotros somos los dueños de esas viviendas. Ahorita, simplemente, llega esa empresa a querernos desalojar. Ahorita hay una orden de desalojo de 21 lotes. Somos 21 familias que venimos en ese documento.
“Sin embargo, eso es relativo a una escritura, pero existen más escrituras apócrifas, en donde somos más de 60 los vecinos que estamos en ese riesgo", agregó.
Los afectados señalaron que durante décadas construyeron sus hogares con esfuerzo propio, sin que nadie reclamara los terrenos.
Algunos vecinos han obtenido sentencias judiciales favorables, incluyendo resoluciones de otorgamiento de escritura, pero estas no han podido ejecutarse ante la existencia de los documentos presuntamente fraudulentos.
Denunciaron además la complicidad de funcionarios públicos y notarios en la elaboración de dichas escrituras.
