La defensa de la activista indígena Kenia Hernández espera la resolución de dos amparos directos promovidos contra las sentencias que mantienen en prisión a la defensora en el Estado de México desde hace casi seis años, por acusaciones relacionadas con el delito de robo con violencia.
En entrevista con MILENIO Edomex, el abogado Antonio Lara Duque señaló que ambos recursos podrían definir la viabilidad de que Hernández recupere su libertad, por lo que espera que los dos tribunales colegiados en materia penal con residencia en Toluca den resolución a los recursos promovidos desde diciembre de 2025.
Esperan resolución de dos amparos
A nueve meses de su presentación, señaló, todavía no existe una fecha definida para que se emitan las resoluciones, situación que atribuyó, entre otros factores, a la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.
“En concreto, ella está esperando la resolución de dos amparos directos, promovidos en contra de las dos sentencias que tiene en el Estado de México. Ambas por los delitos de robo con violencia, según la acusación de la Fiscalía del Estado de México. Una en Ecatepec y la otra en Almoloya”, dijo.
El abogado consideró que la demora en la resolución representa un perjuicio para Hernández y para el principio de justicia expedita, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Órgano de Administración Judicial para que se atienda el caso.
“El retraso en la resolución de los amparos, pues claro que es un perjuicio de Kenia y del principio de la justicia expedita en este país. Y en consecuencia, pues evidentemente es una oportunidad de hacer el llamado al Poder Judicial de la Federación y particularmente a la Suprema Corte de Justicia y el órgano de administración judicial”, agregó.
Lara Duque sostuvo que la defensa considera que los recursos presentados cuentan con elementos para acreditar la inocencia de Hernández y que, de ser favorables las resoluciones, los tribunales podrían ordenar su libertad, aunque será la decisión de los órganos jurisdiccionales la que determine el curso jurídico del caso.
“Estamos absolutamente convencidos de que esos amparos están lo suficientemente sólidos para demostrar la inocencia que es de Kenia y los respectivos tribunales colegiados ya tendrían que emitir su resolución en donde sin duda alguna tendría que amparar y proteger a Kenia Hernández y, en consecuencia, ordenar su libertad”, comentó.
Kenia permanece recluida en el penal femenil de Nezahualcóyotl
Mientras espera las resoluciones, Hernández permanece recluida en el penal femenil de Nezahualcóyotl, donde, según su defensor, continúa elaborando artesanías y enseñando tejido indígena a otras internas, lo que le permite generar ingresos para la manutención y la de sus hijos.
“Sigue haciendo artesanías, es lo que ha hecho en los últimos tiempos para no solo poder sostener su economía, sino pues también como un ejercicio organizativo con otras internas a quienes les ha enseñado este arte del tejido indígena”, sostuvo.
En el ámbito federal, el defensor afirmó que las 10 carpetas de investigación que existían contra Hernández ya fueron sobreseídas, por lo que actualmente no existe un impedimento federal para que recupere su libertad.
La defensa también ha planteado que la situación de Hernández ha recibido atención de organismos y actores nacionales e internacionales, además de autoridades mexicanas a través de pronunciamientos especiales de Naciones Unidas, relatores y miembros del Parlamento Europeo.
El abogado indicó que la defensa también ha tenido acercamientos con autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía estatal.
Sin embargo, reconoció que el resultado de los dos amparos será determinante para definir si posteriormente sería necesario buscar algún mecanismo de amnistía o si una eventual resolución favorable ordenaría directamente la libertad de Hernández.
Kenia Hernández fue detenida el 18 de octubre de 2020 y, de acuerdo con su defensa, en octubre de este año cumplirá seis años privada de la libertad, por lo que la expectativa de la defensa es que los tribunales resuelvan los amparos a la brevedad.
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