El Congreso de Guanajuato aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) federal para blindar a los productores del campo ante la caída del precio del maíz.
El exhorto, avalado por mayoría de votos, generó un debate entre legisladores del PAN y Morena, quienes incluso recordaron casos de presuntos fraudes que continúan bajo investigación, como el de Segalmex.
Te recomendamos...
Durante la presentación del exhorto, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos señaló que la caída de los precios internacionales del maíz representa una amenaza estructural que distorsiona los esquemas de comercialización y agrava la crisis que enfrenta el sector agrícola.
La propuesta contempla que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalezca los mecanismos de administración de riesgos y las coberturas de precios, ajuste los apoyos a la comercialización y establezca una coordinación interinstitucional efectiva.
El legislador advirtió que la crisis en el campo derivada de los bajos precios del maíz puede provocar otras problemáticas sociales.
“En regiones como el Bajío guanajuatense, la crisis del campo significa migración forzada del campo a la ciudad, deserción de jóvenes en la agricultura y un círculo vicioso de pobreza rural”, expresó.
Por su parte, el diputado panista Erandi Bermúdez Méndez recordó que Ignacio Ovalle, quien encabezó Conasupo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, posteriormente fue incorporado por la llamada Cuarta Transformación a Segalmex, organismo involucrado en lo que calificó como el mayor desfalco del gobierno de Morena.
En contraste, el diputado morenista David Martínez Mendizábal cuestionó el exhorto y señaló que los gobiernos anteriores permitieron la privatización y mercantilización de terrenos ejidales. Además, sostuvo que la crisis actual en los precios de los granos no es resultado de una decisión gubernamental, sino de la dependencia de los mercados internacionales y de tratados comerciales impulsados en el pasado por la oposición.
El exhorto aprobado busca que el Gobierno Federal realice un análisis integral sobre las implicaciones que tienen los niveles de producción observados en el mercado internacional, así como la reciente caída del precio del maíz, sobre el ingreso, la rentabilidad y la viabilidad económica de los productores del país.
