En la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, a fin de incorporar la responsabilidad explícita de las autoridades estatales y municipales para establecer medidas y acciones integrales con el propósito de prevenir y erradicar las uniones forzadas y tempranas.
Los participantes expusieron que la propuesta era viable, pues el interés superior de la niñez y su protección es una prioridad, se deben adquirir herramientas para el cuidado, formación y protección de las niñas, niños y adolescentes (NNA).
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Se subrayó que las uniones forzadas y tempranas engloban temas más graves que simplemente obligar a un menor de edad a contraer matrimonio; engloba temas de salud, de violencia, educación, entre otros.
La diputada María Eugenia García Oliveros comentó que la prevención de uniones forzadas y tempranas es parte de la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, ya que esas prácticas constituyen una forma estructural de violencia de género que limita la autonomía, la educación y la igualdad de oportunidades en niñas y adolescentes.
Indicó que con la propuesta se busca protegerlas y garantizar su derecho a decidir sobre su cuerpo, su educación, su futuro y su proyecto de vida, rompiendo ciclos de violencia, de subordinación y de pobreza que perpetúan la desigualdad estructural que viven las mujeres en el mundo.
En los trabajos estuvieron presentes las personas diputadas Plásida Calzada Velázquez, Luz Itzel Mendo González, María Eugenia García Oliveros y David Martínez Mendizábal; así como representantes de la Consejería Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Legislativas, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y personas asesoras parlamentarias.
