El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) manifestó su preocupación ante la propuesta de concluir anticipadamente el ciclo escolar 2025-2026, debido a las implicaciones económicas, sociales, emocionales y de competitividad que esta medida tendrá para millones de familias.
Su presidente, Mauricio Massud Martínez, señaló que México enfrenta actualmente uno de los mayores desafíos educativos de las últimas décadas. Tras la pandemia existe un rezago educativo de dos años en niñas, niños y jóvenes, a lo que se suman los últimos resultados de la prueba PISA, que colocaron a México en el lugar 35 de los 37 países evaluados. Esto refleja un rezago crítico en matemáticas, lectura y ciencias, donde únicamente el uno por ciento de los estudiantes alcanza niveles de excelencia en comprensión lectora.
“Este es un tema multifactorial que no puede analizarse únicamente desde la lógica administrativa o sindical; los efectos impactan directamente la dinámica económica y social de millones de hogares mexicanos. Se trata de las familias, negocios, empresas y transporte, pero ante todo, se trata de los niños y de su posibilidad de una educación completa y responsable que llegue a término”, mencionó.
En el país, aproximadamente 11.5 millones de mujeres son jefas de familia y representan cerca del 33 por ciento de los hogares. Muchas de ellas dependen de horarios escolares estables para cumplir con sus jornadas laborales y garantizar el sustento. Si bien las escuelas no son guarderías, representan en muchos casos el único espacio seguro y supervisado al que tienen acceso los menores mientras sus padres trabajan.
“Datos del INEGI muestran que las mujeres dedican cerca de 40 horas semanales a tareas de cuidado, y un recorte escolar podría incrementar esta carga hasta en un 63 por ciento, obligando a las madres a reducir sus jornadas o incluso abandonar el mercado laboral”, indicó Massud.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un mes adicional sin clases podría representar un costo indirecto equivalente a 12 días de salario mínimo por hogar, derivado de la necesidad de contratar cuidadores. Esto ocurre en un contexto donde las familias ya destinan hasta un 40 por ciento de sus ingresos mensuales al rubro educativo.
El impacto también alcanzaría al sector laboral, pues alrededor de 4.2 millones de personas trabajan directamente en servicios educativos. Finalmente, Massud Martínez hizo un llamado a reconsiderar la medida y recalcó que el debate debe abordarse escuchando a la ciudadanía, especialistas y a la propia juventud mexicana.
