En este momento hay una iniciativa que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de la Unión, la cual busca que los ciudadanos dejen de ampararse para obtener medicamentos, que han encontrado en dicho procedimiento legal una solución a su necesidad.
Aseguró el diputado Carlos Canturosas Villarreal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intervenido repetidamente en casos de amparo ante la falta de suministro oportuno de medicamentos, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar el suministro oportuno, constante y permanente.
Amparos en el sur de Tamaulipas
Tan solo en 2025, de acuerdo a los abogados, por parte de los ciudadanos de Tampico, Madero y Altamira se interpusieron amparos para obtener medicamentos en hospitales públicos, desde medicina contra el cáncer y tratamientos, por lo menos uno por mes ante la falta de tratamientos.
“No podemos dejar al arbitrio de la interpretación o del amparo lo que debe ser una garantía constitucional. Debemos dar certeza a cada familia”, enfatizó el legislador federal tamaulipeco.
En este momento dicha adición a un nuevo párrafo quinto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abastecimiento de medicamentos, se encuentra en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, así que se espera que pueda salir en este 2026.
Subrayó el legislador morenista que la Ley General de Salud establece que las personas sin seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios, medicamentos y demás insumos asociados, pero que en el papel lamentablemente no se cumple.
El legislador recalcó que desde 1983 la Constitución elevó el derecho a la protección a la salud a rango fundamental y que, con la reforma del 8 de mayo de 2020, se buscó garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la población sin seguridad social, con el objetivo de garantizar el bienestar integral de las y los mexicanos.
El legislador puntualizó que esta adición “blinda el derecho a la salud”, convierte el suministro de medicamentos en una obligación constitucional ineludible y permite que la salud “no dependa de la burocracia, sino de un mandato supremo en la Constitución”.
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