Cinco días después de que investigadores universitarios propusieran una mesa técnica ciudadana, ninguna autoridad responde. El especialista José Arturo Gleason advierte que sin diagnóstico primero, construir un nuevo acueducto es meter más agua sucia a una red colapsada.
El miércoles 18 de marzo, investigadores de la Universidad de Guadalajara propusieron a las autoridades una mesa técnica ciudadana para hacer por primera vez un diagnóstico integral del sistema hídrico de la ciudad. Cinco días después, ninguna autoridad ha respondido.
“No hay ninguna respuesta, para nada”, dice José Arturo Gleason Espíndola, investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. El domingo, Día Mundial del Agua, cientos de personas salieron a manifestarse en el centro de Guadalajara con muestras del agua que reciben en sus casas, frente al reloj de la cuenta regresiva para el Mundial. El SIAPA tampoco respondió.
¿Cuál es la propuesta de la UdeG?
La propuesta de la UdeG tiene cinco componentes concretos: una mesa incluyente con expertos multidisciplinarios, los tres niveles de gobierno, el Congreso y representantes de colonos. Una agenda compartida para definir qué se va a medir y con qué alcances. Una metodología que combine obras con participación ciudadana. Una priorización de qué va primero, desde lo emergente hasta el largo plazo. Una ruta crítica con responsables y fechas que se reporte a la sociedad con regularidad.
“No es el tema de reunirnos y dar el reporte mediático”, dice Gleason. “Sino sacar una ruta crítica, ponernos a chambear y estar reportando a la sociedad para que veamos avances o los obstáculos a los que nos enfrentamos”.
La acción más urgente, antes de cualquier obra, es mapear todas las fuentes de contaminación a lo largo del recorrido del agua: desde Ocotlán, por el río Santiago, la presa La Corona, el canal de Atequiza, la presa La Calera, el canal Las Pintas, hasta el vaso regulador de Las Pintas. Cuarenta kilómetros de canal a cielo abierto con décadas de descargas clandestinas que nadie ha querido asumir.
¿Qué ha hecho el gobierno?
Lo que el gobierno sí ha hecho es anunciar un acueducto nuevo y la rehabilitación de la planta potabilizadora. Para Gleason, esas respuestas van en la dirección equivocada.
“Si vas a traer más agua de Chapala sucia, a redes de distribución que están colapsadas, agujereadas, todas malas, ¿qué sentido tiene? Necesitamos saber cómo está todo. Los 8 mil 500 kilómetros de red, todas las plantas potabilizadoras, los tanques de almacenamiento. Hay tanques que llevan años sin mantenimiento, pueden estar solvados de tierra, de muchas cosas. No hay fotos, no hay evidencia, no hay reportes. ¿Y ya dices que va a un segundo acueducto?”. La respuesta, dice, es obvia, el diagnóstico. Y ese diagnóstico no existe.
El problema arranca antes de cualquier obra. Los laboratorios del SIAPA operan sin la certificación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), el aval legal que la ley exige para garantizar que sus análisis de agua de consumo humano son válidos. La Comisión Estatal del Agua de Jalisco sí la tiene. Sistemas operadores como los de Monterrey o la Ciudad de México también. ¿Cómo se gobierna un sistema que no puede medir lo que produce? “Pues no se gobierna”, dice Gleason.
“Hay una anarquía, lamentablemente, donde no hay medición, no hay normas. Desde la elección del perfil del responsable del SIAPA, que no responde a un perfil claro y preciso, se puede dar la corrupción. Llegar a la falta de certificación de laboratorio ya es la gota que está derramando el vaso”, agrega el experto.
El problema no es de los trabajadores, necesitan un tercero para certificar
No es que los trabajadores del SIAPA necesariamente hagan mal su trabajo, matiza. Es que sin un tercero que lo certifique, nadie puede saberlo. “Pudo haberse hecho bien, pero si no hay certificación de un tercero, eso es lo lamentable”.
Los laboratorios de un sistema operador deben seguir metodologías rigurosas. Protocolos para tomar muestras sin contaminarlas, transportarlas a temperatura controlada, manejar hornos y reactivos.
“No es del dominio público. Requiere cierto expertiz. Y es una obligación de los sistemas operadores tener esas acreditaciones para que haya confianza y credibilidad hacia los usuarios que pagan”.
En 2023, el investigador Juan Pablo Macías Salazar obtuvo vía transparencia los análisis internos del SIAPA. El agua de sus tres plantas potabilizadoras no cumplía la norma. Desde entonces, el organismo no publica ningún resultado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco tuvo que exigírselos hace apenas días. Nadie respondió. “Guardar esa información es muy delicado”, dice Gleason, “porque se están exponiendo a una eventual tragedia en el futuro”.
Hace una advertencia: “Yo te auguro que el próximo año va a haber más colonias afectadas, y en dos años más, si no se hace nada”. El número ya creció de reportes aislados a más de 200 colonias en semanas. Gleason no ve razones para que esa curva se revierta sola.
“Es como una enfermedad”, dice sobre la urgencia de actuar: “Traes gripa, no compras más Kleenex para limpiar la nariz. Detectas qué es el bicho que te está causando eso y le aplicas antibiótico. Tenemos que ver dónde están las mayores contaminaciones y cortarlas ya”.
En enero de 2026, la ONU actualizó su terminología. Ya no habla de crisis hídrica, habla de bancarrota. La distinción es porque una crisis puede revertirse. Una bancarrota, no. Gleason ubica a Jalisco en esa segunda categoría: “Aparentemente sí estamos en bancarrota hídrica. Porque ya no hay agua limpia y eso es lo que nos está matando”.
¿Qué ha provocado el problema?
Los factores que llevaron hasta aquí son dos: el crecimiento urbano desordenado y la corrupción. Las consecuencias de no actuar:
“Enfermedades como la leucemia, como el retraso mental en los niños que no han nacido, porque hay metales pesados en el agua. Para allá vamos si no hacemos nada”.
Ante el silencio del gobierno, la UdeG está considerando hacer el diagnóstico por su cuenta, con sus propios recursos y sus propios límites. “De alguna u otra manera, si el SIAPA y el gobernador no están en ese canal, pues vamos a terminar haciéndolo nosotros”.
Gleason sabe que los alcances son distintos a los de un organismo con mandato legal y presupuesto. Pero alguien tiene que empezar:
“La autoridad debe reconocer que no puede sola. Eso es lo que pienso”.
SG
