Municipios metropolitanos de Nuevo León apoyaron la iniciativa de reforma a la ley para que los autos no vayan al corralón y pase un familiar o conocido por ellos cuando sea detenida una persona en estado de ebriedad.
En entrevista, Marcos García, titular de la Secretaría de Movilidad de San Nicolás, vio de buena manera la intención y detalló que en el caso de esa ciudad se registran entre 100 y 110 personas que son detenidas en los operativos antialcohol y que sus carros son enviados al corralón.
“Por semana es un aproximado de entre 100 y 110 personas en estos operativos, es una estadística promedio, digámoslo así. Hay, tal vez, algunos meses e inclusive hemos analizado que cuando hay lluvias, cuando hay un clima frío, disminuye la cantidad de personas, tanto en la calle, como manejando en estado de ebriedad”, dijo.
Por su parte, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, indicó de manera generalizada que son aproximadamente 70 los vehículos, por semana, que van a parar al corralón por diferentes motivos como lo son ingesta de alcohol, mal estacionados o autos abandonados.
“Pues creo que es una iniciativa favorable para los ciudadanos y nosotros siempre vamos a apoyar lo que sea favorable para los ciudadanos, porque lo cierto es que ese acto, tan reprobable y nocivo para la sociedad, que es conducir con aliento alcohólico, es algo que se sanciona por medio de las multas de tránsito. El hecho de recoger el vehículo es una consecuencia de que posiblemente la persona no está en condiciones para manejar y no puede llevarse el vehículo, y el vehículo tampoco puede quedarse abandonado en la vía pública”, externó.
Al respecto, Marco Antonio Zavala Solís, secretario de Seguridad de Escobedo, explicó que ellos ya implementan esa política pública en la cual, si detienen a una persona conduciendo bajo los influjos del alcohol, dan la opción de que hable a un conocido o familiar para que lo ayuden a llegar a su destino; sin embargo, se les deja una cédula citatoria para que, dentro de los 10 días siguientes comparezcan ante un juez cívico y determine su situación legal.
“Lo que nosotros hacemos es permitirles que hagan una llamada a un familiar, persona de su confianza, para que venga por el vehículo. El vehículo se le entrega y se le expide la cédula citatoria para otorgarles el derecho de audiencia, como te digo, no lo pasamos detenido, no lo llevamos a los separos en ese momento, pero sí dentro de la cédula citatoria le retenemos la licencia de conducir, para obligarlos de cierta manera a que en los próximos 10 días siguientes tengan que hacer valer su derecho ante un juez de la tribuna vial”, indicó.
En el caso de Escobedo, concluyó, son aproximadamente 10 las personas detectadas, por fin de semana, manejando alcoholizadas y en donde practican dicha política pública de hablarle a un familiar y dejarle un citatorio para que comparezca ante el juez cívico en los días siguientes.
La iniciativa de modificar la ley para que los autos no vayan a los corralones y pase un familiar a auxiliar a la persona alcoholizada es a propuesta del coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño.
mrg
