A cinco meses de la agresión en contra de Misael Galván —conocido como “El Piñas”— el proceso judicial avanza, aunque sin detención para los presuntos responsables debido a un amparo que les impide ser privados de la libertad. Así lo confirmó la abogada de la víctima, Angélica Barojas, quien expresó su inconformidad por lo que considera una protección legal injusta.
Durante la audiencia celebrada ayer jueves, el Juez de Control Treviño vinculó a proceso a Julio Flores Cabrera y su hijo Julio Gerson Flores Cid, únicamente por el delito de lesiones calificadas, cuya penalidad va de 3 a 6 años de prisión, según el Código Penal del Estado de Puebla. Sin embargo, ambos podrán enfrentar el proceso en libertad debido al amparo promovido previamente.
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“Desafortunadamente los imputados presentaron un amparo que los protege para no ser detenidos. Cuando una persona comete un delito y busca el amparo, yo creo que deberían mostrar todo ante el juez federal, incluso el video de lo que hicieron”, expresó la defensora.
De acuerdo con Barojas, la familia de los imputados habría buscado respaldo político para evitar la detención, lo cual causa preocupación entre los afectados.
"Nosotros no andamos en política, solo trabajamos día a día”, enfatizó.
La abogada también recordó que Julio, uno de los señalados, fue diputado local y presidente municipal de Cañada Morelos por Morena, lo cual alimenta la sospecha de que se trate de influyentismo.
En la carpeta de investigación consta la declaración escrita de Rosaicela, quien incluso habría reconocido su participación en la agresión y que se encontraban prófugos del estado. No obstante, hasta ahora no existe orden de aprehensión en su contra, pese a que su agresión verbal habría detonado el ataque.
La mujer fue localizada y entrevistada por agentes ministeriales en Tepexi de Rodríguez, adonde presuntamente se había escondido.
Aunque existe la posibilidad legal de una compensación económica por las lesiones y afectaciones sufridas por Misael, la abogada asegura que los acusados no han mostrado intención alguna de acercarse:
“Ellos quieren librarla así de fácil… Nosotros no podemos buscarlos, ellos son los que deben acercarse”, afirmó.
Además, el juez otorgó dos meses de investigación complementaria y ordenó una valoración psicológica para Misael, derivada del impacto emocional tras el ataque.
“La gente deja de creer en las instituciones cuando personas que lastiman quedan libres”, lamentó Barojas.
El caso ha generado molestia entre familiares y ciudadanos, quienes temen que la impunidad prevalezca como ocurre en otros hechos de violencia.
AAC
