Tras los disturbios registrados la noche del 4 de mayo y la madrugada del 5 de mayo en la comunidad de Santa Martha, municipio de Ocuilan, habitantes acordaron con autoridades de los tres niveles de gobierno retirar los bloqueos carreteros a cambio de un despliegue permanente de seguridad para combatir la tala ilegal en la zona.
De acuerdo con lo expuesto por pobladores, un total de 80 elementos del Ejército, Guardia Nacional, policía estatal y policía municipal quedaron instalados desde este 5 de mayo en la comunidad de Santa Martha.
El objetivo es reforzar la vigilancia en los bosques aledaños al Parque Nacional Lagunas de Zempoala, una de las áreas naturales más afectadas por la extracción ilegal de madera.
Realizaran recorridos permanentes para evitar tala ilegal
Según el acuerdo, los elementos realizarán recorridos constantes y establecerán retenes en puntos estratégicos para evitar el paso de camionetas utilizadas por grupos dedicados a la tala clandestina.
La intención es cerrar rutas alternas que, de acuerdo con los habitantes, han permitido a los talamontes evadir operativos previos y continuar con la extracción de madera.
El compromiso se concretó luego de la movilización encabezada por habitantes de Santa Martha, quienes durante varias horas mantuvieron cierres en vialidades clave, entre ellas la carretera hacia Lagunas de Zempoala, que conecta con Cuernavaca, Morelos.
Enfrentamiento con Guardia Nacional y talamontes
Los bloqueos surgieron tras un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y hombres armados señalados como talamontes. Los hechos iniciaron cuando un convoy de camionetas cargadas con madera presuntamente ilegal transitaba por la zona. Durante el paso de los ocupantes de una de las unidades atacaron a los agentes.
Posteriormente se registró una persecución que derivó en un enfrentamiento en Santa Martha, donde viviendas resultaron afectadas por impactos de arma de fuego. En el mismo hecho, uno de los camiones que transportaba madera se accidentó y se impactó contra una vivienda.
Tras estos acontecimientos, pobladores activaron campanas de la iglesia como señal de alerta y se organizaron para bloquear carreteras, en demanda de mayor presencia de fuerzas de seguridad y acciones contra la tala ilegal.
Como parte de las demandas, además del despliegue de elementos, habitantes señalaron la necesidad de desmantelar aserraderos clandestinos que operan en la región, al considerar que forman parte de la cadena de aprovechamiento ilegal de los recursos forestales.
Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con los hechos recientes; en tanto, la comunidad mantiene expectativa sobre el cumplimiento del acuerdo alcanzado y la efectividad del operativo anunciado en la zona.
kr
