Este jueves 29 de enero se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal en materia de Interrupción Legal del Embarazo, presentada por la diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena.
Señaló que los procesos de criminalización del aborto impactan de manera desproporcionada en mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social, generando que se profundicen desigualdades estructurales que afectan la plena garantía de sus derechos.
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"Proponemos reformar el artículo 163 para el efecto cambiar la categoría de no punibilidad por la exclusión del delito cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada o consentido por ella cuando el embarazo sea resultado de una violación y cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño de salud", dijo.
Dicho acto tiene como origen la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el amparo en revisión 525/2024, promovido por la Asociación Civil GIRE, en la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que “la penalización del aborto autoprocurado o consentido vulnera una serie de derechos interdependientes que tiene implicaciones directas en la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
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En la misma resolución, se declaró la inconstitucionalidad total de los artículos 159, 160 y 163, y parcial del artículo 162, del Código Penal del Estado de Guanajuato, que penalizan de forma absoluta el aborto.
"Asimismo proponemos reformar el tipo penal del aborto forzado, a efecto de aumentar la sanción, a fin de otorgar mayor protección a las mujeres y personas con capacidad de gestar que sean obligadas a abortar”, puntualizó.
