Tras ser aprobada en octubre de 2020 la reforma constitucional para reconocer el derecho a la movilidad, el Senado y la Cámara de Diputados iniciaron procesos participativos para la construcción de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV).
Por ello, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) presentó lineamientos para el desarrollo de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México.
En primera, garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de equidad, inclusión, sostenibilidad, accesibilidad, seguridad vial, calidad, eficiencia y perspectiva de género, así como incluir disposiciones que promuevan una visión triple cero de la movilidad, entre ellos, cero muertos y heridos por hechos viales.
Adoptar un enfoque sistémico de la movilidad y la seguridad vial, desarrollar contenidos sobre temas esenciales de la movilidad y la seguridad vial, promoviendo la homologación y estandarización de los temas a nivel nacional; definir y delimitar roles y responsabilidades de los niveles de gobierno.
Asimismo, establecer mecanismos para promover la planificación de la movilidad a nivel nacional y local; mecanismos de financiamiento que refuercen las líneas existentes y crear nuevas disposiciones sobre fuentes alternativas de financiamiento e integrar mecanismos de gobierno abierto para promover la participación ciudadana y la transparencia en el gasto público.
El objetivo es que estos lineamientos guíen el desarrollo de las iniciativas de ley, con algunas características básicas como la generalidad, que permita una fácil aplicación en los diferentes contextos y niveles de gobierno; y la definición clara de las atribuciones y competencias de los tres niveles de gobierno.
“Que se fundamente en los elementos esenciales del derecho a la movilidad; que sea estructurante y respete las competencias de los diferentes niveles de gobierno y que permita resolver el laberinto institucional y normativo vigente; que genere capacidad para la implementación y que sea financiable, con mecanismos y alternativas de financiamiento”, comentó Fernando Páez, director de movilidad sustentable de WRI México.
A través de una videoconferencia, agregaron que la reciente modificación constitucional que establece la movilidad como un derecho se presenta como una oportunidad para que, a través de una legislación en materia de movilidad y seguridad vial, se establezcan las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la movilidad y proponer un camino claro para el desarrollo de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo.
“WRI México hace un llamado de urgencia a la formulación y posterior aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial dentro del actual periodo legislativo, considerando estos lineamientos que parten de consensos multisectoriales y con la visión de garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas”, demandó Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México.
KACY
