A poco más de dos años de estar el asunto en el aire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila dar la razón al gobernador Jaime Rodríguez Calderón quien interpuso una controversia constitucional al considerar que el Congreso local no es su superior jerárquico para sancionarlo por las irregularidades detectadas en las "broncofirmas".
Según en el proyecto de resolución, del cual MILENIO tiene copia, el ministro ponente del caso, Juan Luis González Alcántara, establece que las reglas procesales de la sanción del Congreso local en contra del gobernador Jaime Rodríguez son contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En opinión de esta Primera Sala, las reglas procesales que el Congreso local expidió a través del acuerdo impugnado para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo local son inconstitucionales por qué no se ajustan al sistema de responsabilidad previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal.
"Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.
"Se declara la invalidez del acuerdo impugnado por el que el Congreso del Estado de Nuevo León expidió las reglas procesales que se aplicarían en el proceso para sancionar al titular del poder ejecutivo de la entidad, publicado el 25 de septiembre del 2019 en el periódico oficial de la entidad, así como la invalidez del acuerdo de radicación e inicio del procedimiento derivado de las reglas procesales referidas", se lee en el proyecto.
Sin embargo, el ministro ponente considera que Rodríguez Calderón debe ser sujeto a un juicio político por las faltas e irregularidades cometidas, las cuales están sustentadas en los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal.
En el caso del juicio político, demanda el proyecto, se debe ejecutar en dos etapas: la primera de ellas es turnar el caso a la Cámara de Diputados para que funja como autoridad instructora de la sanción que se deberá de imponer al mandatario estatal y posteriormente la intervención del Senado quien declararía si procede o no la sanción para que, en caso de que sí, sea remitida al Congreso local y éste ahora sí lo ejecute.
"Tal y como quedó precisado, de conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso, es el juicio político. Asimismo, como ya fue mencionado líneas arriba, los artículos 109 y 110 constitucionales establecen los supuestos y las sanciones que deben ser aplicadas en este tipo de juicios", refiere el punto 129 del documento.
En el proyecto no se discuten las irregularidades detectadas al gobernador Jaime Rodríguez ya que éstas fueron confirmadas a través de una sentencia por parte de las Salas Superior y Regional Especializada ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por ello, este miércoles solamente se discutirá en la Primera Sala de la Corte si el Congreso del Estado actuó apegado a derecho en la aplicación de las reglas procesales sancionatorias que, dicho con anterioridad, no lo hicieron de esa manera, lo cual se prevé, el proceso comience de nuevo.
Por último, se necesitan tres votos a favor de los cinco ministros que integran la Primera Sala para que el proyecto sea aprobado y se comience el nuevo proceso sancionatorio en contra de Rodríguez Calderón.
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