La Plataforma política de mujeres y organizaciones en favor de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes presentaron el proyecto de reforma a la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Guanajuato, donde pretenden exigir la homologación de dicha ley para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para la infancia.
Según el índice delictivo de víctimas por delitos del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato ocupa el primer lugar con mayor número de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidios, del 2015 al 2019 se registró un total de 2 mil 026 casos, lo que representa el 15.2 por ciento del total del país (13 mil 337), en Guanajuato se comenten 1.1 homicidios cada día.
“Se ha quedó construir una propuesta de reforma que sea planteada al Congreso, particularmente a la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo la propuesta no ha pasado más allá de mesas de trabajo. Entonces queremos que esta ley tenga una homologación como lo tiene la Ley General, por lo que el poder legislativo está obligado a hacerlo”, declaró Rebeca Aguayo Sánchez, coordinadora del área de investigación en NIMA.
La Ley Estatal de Guanajuato tiene la calificación más baja del país de acuerdo con el Índice de Medición de Calidad de Leyes en el Marco Normativo de los Derechos de la Infancia realizado por REDIM con tan solo 44 puntos de 100 posibles. Por lo tanto calificaron como urgente la creación de políticas públicas y programas para proteger a la infancia guanajuatense.
Juan Martín Pérez García, director de la red por los derechos de la infancia en México, señaló que esta baja calificación refleja que la vida de los niños de Guanajuato vale menos que la de otras entidades, aunado a esto enfatizó eliminación del apartado nombrado “deberes”, el cual explicó que considera a los niños como propiedad de los adultos y limita sus derechos autónomos.
En 2019 se realizó una serie de modificaciones a esta ley, sin embargo, puntualizaron que siguen existiendo carencias importantes, como la exclusión de políticas sobre materia de educación sexual, lo cual pone en desventaja a los niños, niñas y adolescentes para conocer los procesos de denuncia por casos de acoso y abuso sexual por parte de adultos u otros semejantes.
