¿Todos somos corruptos?

El presidente Peña Nieto se remitió a la Biblia para hablar de la corrupción: nos invitó a tirar la primera piedra. No fue su primera reflexión en torno a estos menesteres: recordarán lo de que la corrupción es "cultural". ¿Lo es? ¿Qué significa "cultural"? ¿Significa que la corrupción es inevitable, que es omnipresente? ¿Que ninguno de nosotros, los mexicanos, tiene realmente derecho a la indignación, puesto que ninguno de es libre de pecado? Entonces, ¿todos los pecados son igual de graves, desde el tuyo del domingo cuando compraste un boleto en reventa hasta los de Padrés o Duarte?

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Tirar una piedra

Rubén Álvarez Mendiola

Coordinador Nacional de Comunicación Social del INE y miembro de la Red por la Rendición de Cuentas.

Acudir al auxilio de la Biblia para explicar conductas inadecuadas o condenables parece no ser la mejor fórmula para enderezar el camino en un Estado laico y poco proclive al cumplimiento de la ley –la terrenal, no la divina. Menos aún si la reconvención proviene del jefe de Estado que debe velar, precisamente, por el acatamiento de la ley y ser él quien la observe primero.

Así que, tratándose de la corrupción que todo lo abarca, no es afortunado que el presidente de la República insista en que, según su entender, la mayoría de los mexicanos son tan corruptos que difícilmente alguien puede estar libre de toda sospecha.

No es la primera vez que el presidente Enrique Peña Nieto quiere convencer a quienes le escuchan de que la corrupción es universal y a tal grado cultural que erradicarla puede tomarnos muchos años. Desde que el Presidente hizo esa declaración, en septiembre de 2014, hasta la más reciente del que esté libre de culpa etcétera, han transcurrido 24 meses sin que las iniciativas anticorrupción haya podido concretarse cabalmente.

Si lo que el Presidente quiso decir es que todos somos corruptos porque alguna vez dimos una mordida o porque nos pasamos la luz del semáforo en rojo, se equivoca rotundamente. Una cosa es el entramado institucional que por décadas ha permitido la corrupción –derivado de la ausencia casi absoluta de un sistema integral de rendición de cuentas–, y otra son las acciones –ciertamente indebidas en una sociedad democrática y abierta– a las que los ciudadanos son orillados para poder salir avante en sus trámites frente a la autoridad.

Es inmoral pretender equiparar el grado de responsabilidad de un funcionario (pongamos a los gobernadores Duarte de Veracruz o Medina de Nuevo León como ejemplos) en el ejercicio de la función pública que le fue encomendado por los electores, con la del ciudadano que, cansado de los trámites y la ausencia de información confiable y útil, se ve obligado –por agotamiento o porque así se lo exigen sin ningún pudor– a pagar por fuera los servicios que un funcionario debería proporcionar como parte de sus obligaciones.

La semana pasada se presentó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA), elaborada por un grupo de expertos del CIDE, la UAM, Colegio de México y Flacso, por encargo del Instituto Nacional Electoral (INE). Esa estrategia –destinada a convertirse en política pública y no a ser un recetario de acciones simples que se agotan tan pronto como se llevan a cabo– contempla una visión de largo alcance sobre el estado de baja densidad ciudadana y de autoridades electas y designadas que son laxas en el cumplimiento de sus deberes.

Llama la atención que un número muy elevado de ciudadanos (18%) considera aceptable que las leyes no se cumplan si las considera injustas y en otra encuesta utilizada para la elaboración de la estrategia, el 67% de los entrevistados dijo que tenía poca confianza en las leyes.

En suma, tenemos una ciudadanía de baja intensidad, pero también es cierto que tenemos gobernantes que se encargan con sus acciones de hacer cada vez menos creíble para el ciudadano de a pie el sistema legal que debería protegerlo y hacerlo sentir seguro.

Ciertamente, en México existe tolerancia hacia la ilegalidad. Nos compadecemos de una vendedora ambulante por el hecho de serlo y, por tanto, de ocupar como propio un espacio público, pero no queremos ver que esa vendedora está ahí porque seguramente algún funcionario pasó a cobrar su derecho de piso. Dice la ENCCIVICA que diversos autores coinciden en que la corrupción ha permeado no sólo a nivel institucional, sino que forma parte de una cultura de convivencia en la que el respeto a la ley tiene pocos incentivos frente a las ventajas que proporciona la corrupción. Uno de los problemas de la corrupción es que va distorsionando las percepciones sobre las responsabilidades individuales y colectivas: "en un contexto en el que (al menos en apariencia) todos roban, el que no lo hace destaca por su imbecilidad y los que sí lo hacen diluyen su acción en el actuar colectivo: ¿por qué no he de aprovecharme si todos los demás se aprovechan?"

Por lo demás, si nadie está libre de pecado se esperaría que al menos el encargado de hacer que la Constitución se cumpla a rajatabla debería apurar las acciones para hacer que el Sistema Nacional Anticorrupción inicie de una vez sus labores y que la secretaría de la Función Pública tenga ya un titular designado y aprobado por el Senado de la República.