¿Todos somos corruptos?

El presidente Peña Nieto se remitió a la Biblia para hablar de la corrupción: nos invitó a tirar la primera piedra. No fue su primera reflexión en torno a estos menesteres: recordarán lo de que la corrupción es "cultural". ¿Lo es? ¿Qué significa "cultural"? ¿Significa que la corrupción es inevitable, que es omnipresente? ¿Que ninguno de nosotros, los mexicanos, tiene realmente derecho a la indignación, puesto que ninguno de es libre de pecado? Entonces, ¿todos los pecados son igual de graves, desde el tuyo del domingo cuando compraste un boleto en reventa hasta los de Padrés o Duarte?

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La corrupción y los genes

Guillermo M. Cejudo

Profesor investigador del CIDE.

En febrero de este año, en una entrevista para el periódico británico "The Guardian", Mishan al-Jabouri, miembro de un comité parlamentario que investiga la corrupción oficial en Irak, se lamentaba por la corrupción extendida en su país: "No hay solución. Todos son corruptos, desde lo alto de la sociedad hasta lo más bajo. Todos. Incluido yo". Y explicaba: "Por lo menos soy honesto al respecto. Alguien me ofreció cinco millones para dejar de investigarlo. Los tomé, y continué investigándolo de todas formas". Ante ello, no hay salida posible, ni sanción social esperable: "Cuando la gente roba aquí, lo hace abiertamente. Y lo presume. Es como un virus; como Ébola. Se llama corrupción. No hay esperanza, siento decirlo" (http://bit.ly/2ce1rqE).

Es tentador pensar que la corrupción es un mal inatacable, un problema cultural o una plaga que afecta a todos por igual. Pero afirmar que todo mundo es corrupto es un error e implica varios riesgos. Es un error porque, incluso en sociedades donde la corrupción es sistemática (sea Irak, Rusia o México), hay personas y organizaciones sociales que la señalan y rechazan. Por razones éticas, por principios religiosos o por civismo, hay personas que actúan con honestidad, que se resisten a participar en intercambios corruptos y que, auténticamente, reniegan de los corruptos y sus encubridores. Y muchas de esas personas son servidores públicos: el juez que resiste amenazas a su seguridad para impartir justicia de forma imparcial; el policía o militar que pone en riesgo su vida y se niega a dejar en libertad a un narcotraficante a cambio de dinero; el contralor que denuncia la compra amañada; el político que se rehúsa a comprar votos y el funcionario que todos los días cumple eficazmente sus tareas sin pensar en cómo enriquecerse o abusar de los demás. Ninguno de ellos merece ser puesto en la misma bolsa que los gobernadores que crean empresas fantasmas para desviar recursos, los policías de tránsito que extorsionan, los funcionarios que lucran con las concesiones públicas o los políticos que gestionan recursos para obras públicas a cambio de "moches".

Además de ser un error, afirmar que todo mundo es corrupto tiene riesgos. El primer riesgo es concluir, como lo hace Jabouri, que no hay solución. Si todas las personas son corruptas, entonces nadie tiene interés es combatir la corrupción. Todos se benefician de ella y a todos les conviene que se mantenga. La corrupción, en ese escenario, es un mal omnipresente y cualquier esfuerzo por atacarlo sería inútil. El segundo riesgo es despreciar la lucha anticorrupción. Si todos son corruptos, ninguno tiene la legitimidad necesaria para señalar al otro y exigirle que deje de serlo. En esta lógica, quien señala la corrupción ajena lo hace por ingenuidad o hipocresía, pues no tiene calidad moral.

El tercer riesgo es trivializar las diferencias entre quienes propician la corrupción y quienes son víctimas. La corrupción siempre es grave, pero no puede pensarse que es igual de condenable un político que se corrompe para enriquecerse, un empresario que ofrece millones por un permiso, o un funcionario que buscar torcer la ley para beneficiar a un pariente, que una ama de casa que da una mordida para poder obtener las medicinas para su hijo, o la pequeña empresaria que cede ante la extorsión para evitar que cierren su negocio y sus empleados se queden sin trabajo.

Y el cuarto riesgo es el más grave: se diluye la responsabilidad de atacar la corrupción. Por su cargo, ese político iraquí tiene un deber mayor que el de los demás para señalar a los corruptos, para resistir los sobornos y para buscar soluciones. Y, como él, los gobernantes y los líderes políticos tienen un papel central en el combate a la corrupción, porque tienen el poder de impulsar reformas y asegurar su implementación, porque tienen la capacidad de señalar, vigilar y sancionar a otros, y porque pueden, cuando así lo deciden, ser un ejemplo de que la corrupción no está en nuestros genes.

Renunciar a desempeñar ese papel es eludir la responsabilidad del gobernante frente a la corrupción. En México, la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción no solo requiere leyes, nombramientos y presupuestos. Supone distinguir a los corruptos de los que no lo son, convencer de que hay una solución posible y contar con políticos y ciudadanos dispuestos a dar la batalla.