¿Tiene remedio Michoacán?

A punto de cumplirse el año desde la llegada del comisionado Alfredo Castillo, en Michoacán se multiplicaban las detenciones de capos criminales, las desmovilizaciones o “reabsorciones” de grupos de autodefensa y el baile de funcionarios detenidos o removidos del cargo, incluidos algunos del más alto nivel. Y entonces estallaron, como un uno-dos a la mandíbula, el enfrentamiento en La Ruana y la violenta toma del ayuntamiento de Apatzingán, el 16 de diciembre y el 6 de enero, y con el uno-dos, la sombra de la crisis, otra vez. ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Estamos frente a un fracaso sin paliativos de la estrategia federal, o las cosas se mueven pese a todo en la dirección correcta? Esta semana en Tribuna

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    1. Jaime Rivera Velázquez

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    2. Salvador Maldonado Aranda

      Cuando empieza la comedia

      Investigador de El Colegio de Michoacán.

Reaparecieron los fantasmas

Carlos Illades y Teresa Santiago

Catedráticos de la UAM-Iztapalapa. Autores de Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra.

La violencia, disparada exponencialmente en el país desde que Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, alteró radicalmente la convivencia social, transformó el discurso público y modificó las prioridades gubernamentales, además de provocar decenas de miles de víctimas. No obstante sus implicaciones, las posibles consecuencias y la obligada exploración de vías menos onerosas para contender con el problema, la estrategia contra la delincuencia organizada no fue ni siquiera sugerida en la campaña electoral de 2006. Ya presidente, el michoacano tampoco buscó la autorización del congreso de la Unión, a pesar de que una acción de tal naturaleza y dimensión la requería por mandato constitucional, con lo cual, “en democracia”, ni los electores ni sus representantes participaron de un asunto que tanto y tan directamente les concernía.

Sin haber identificado el Estado claramente al enemigo —que ha ganado posiciones en las instituciones públicas, la sociedad y la economía— y menos calcular los daños a la población (masacres, desplazados, desapariciones forzadas, violación de los derechos humanos), otro efecto imprevisto de la guerra interna ha sido la constitución de autodefensas armadas. Si bien éstas hunden sus raíces en las insurrecciones campesinas del siglo XIX, su rápida expansión en el último trienio se debe a la violencia desbordada —en parte producto de la propia estrategia gubernamental— y la incapacidad del Estado para cumplir con la función básica de proteger a sus ciudadanos evitando la guerra de “todos contra todos”, propósito último del pacto social. Michoacán y Guerrero (del que hablamos en otra colaboración) son dos casos límite, aunque no únicos, de esta situación.

En regiones de fuerte presencia indígena (la meseta Purépecha, en Michoacán; la Montaña, en Guerrero), las autodefensasse constituyeron a partir de las estructuras comunitarias (razón de su cohesión) y disponen un radio de acción que escasamente rebasa a los pueblos donde tuvieron su origen. Las autodefensas ciudadanas, por su parte, se formaron en zonas vinculadas con el mercado, con agricultura productiva(no de subsistencia, como las primeras) y de población mestiza, sobre todo en la Tierra Caliente michoacana. También con una base mestiza, la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) se conformó como gestora de proyectos sociales y, cuando se desbordó la violencia en la entidad, enfocó su acción hacia la seguridad: amagó con tomar Chilpancingo para desalojar a la banda criminal de Los Rojos; se incorporó a la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

Las autodefensas de Buenavista Tomatlán (conocida como La Ruana) y Tepalcatepecexpulsaron de sus comunidades a Los Caballeros Templarios en febrero de 2013. Y, en diciembre, el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, con presencia en 22 municipios, inició una ofensiva contra aquéllos logrando en marzo del año siguiente hacerse de Apatzingán, suplazaprincipal.No tanto la evidente penetración criminal en todas las esferas —recordemos que en la entidad inició la guerra calderonista— y su captura de importantes porciones del poder público, sino el levantamiento armado con visos de insurgencia social,así como la urgencia de oxigenar la administración de Fausto Vallejo (más que permisiva con Los Templarios),aceleraron la intervención federal en la entidad. Después de recargarse en las autodefensas —que consiguieron replegar al cártel y recuperar parte de los bienes que habían confiscado a la población—, el omnipotente comisionado federal procedió a desarmarlas en mayo de 2014, ofreciéndoles como única opción integrarse a una subsidiaria fuerza rural.

Los hechos recientes —20 muertos en La Ruana y Apatzingán—, enfrentándose en un caso antiguas autodefensas entre sí y en el otro la Policía Federal con delincuentes (Los Viagras) incorporados a la Fuerza Rural, además de población civil, muestran lo lejos que se está de la pacificación, del restablecimiento del monopolio de la violencia legítimapor parte del Estado (las ejecuciones extrajudiciales no forman parte de ésta) y menos todavía de “limpiar a Michoacán del crimen organizado” (propósito explícito de la intervención federal).No sabemos siquiera si con la acción estatal se han bloqueado los flujos de la economía criminal. Por más que el comisionado Castillo afirme que la violencia “ya no obedece a una cuestión de seguridad pública, sino de conflictividad social”, lo cierto es que al gobierno federal se ve rebasado una vez más por falta de una estrategia consistente y bien pensada: a la vuelta del año le reaparecieron los fantasmas.