¿Tiene remedio Michoacán?

A punto de cumplirse el año desde la llegada del comisionado Alfredo Castillo, en Michoacán se multiplicaban las detenciones de capos criminales, las desmovilizaciones o “reabsorciones” de grupos de autodefensa y el baile de funcionarios detenidos o removidos del cargo, incluidos algunos del más alto nivel. Y entonces estallaron, como un uno-dos a la mandíbula, el enfrentamiento en La Ruana y la violenta toma del ayuntamiento de Apatzingán, el 16 de diciembre y el 6 de enero, y con el uno-dos, la sombra de la crisis, otra vez. ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Estamos frente a un fracaso sin paliativos de la estrategia federal, o las cosas se mueven pese a todo en la dirección correcta? Esta semana en Tribuna

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Michoacán, entre contrastes

Jaime Rivera Velázquez

Profesor-investigador de la Universidad Michoacana.

A unos días de cumplirse un año de la intervención federal en Michoacán, se suscitaron dos graves enfrentamientos que sumaron veinte muertes: uno en La Ruana (16/12/2014), entre dos grupos de autodefensa convertidos en policía rural, y otro en Apatzingán (06/01/2015), entre fuerzas federales y un grupo de civiles armados que poco antes ocupaban el palacio municipal. Tales hechos evidencian que Michoacán está lejos de recuperar la paz. ¿Significa esto que la estrategia federal, coordinada por un comisionado que en gran medida suplió a los poderes locales, ha fracasado? La respuesta no es unívoca; depende de los parámetros que se empleen para evaluar.

A finales de 2013, Michoacán parecía encaminarse a un abismo de violencia. El cártel de los Caballeros Templarios, que durante cinco años había gozado de un virtual monopolio de los negocios criminales en la entidad, sometido a los gobiernos locales y expoliado sin límite a grandes capas de la población, desafiaba a las fuerzas federales con ataques a instalaciones estratégicas. Entre tanto, varios miles de civiles armados, autodenominados Grupos de Autodefensa,avanzaban por el territorio para liberar pueblos dela dominación de los Templarios; para coronar su campaña, se proponían tomar por la fuerza la ciudad de Apatzingán, santuario del grupo criminal. Las opciones del gobierno federalse reducían a dos: dejar correr la espiral de violencia e ingobernabilidad, o hacerse cargo directamente de las funciones esenciales del Estado en la entidad.

El 13 de enero de 2014, el presidente Peña Nieto anunció un plan de rescate de Michoacán, a cargo de un comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, cuyas funciones rebasaron de hecho el marco de cooperación federalista. Ante una crisis institucional sin parangón, una medida excepcional sin muchos miramientos formales. La intervención federal se desenvolvió sobre tres ejes: combatir frontalmente a los Templarios, contener a los grupos de autodefensa, y depurar a los gobiernos estatal y municipales del control o la infiltración criminal.

El combate a los Caballeros Templariostuvo pronto logros resonantes. Todos los jefes principales del cártel, con excepción de La Tuta, fueron muertos o arrestados, al igual que decenas de mandos medios y cientos de sicarios y cómplices diversos. Esto no significa que haya desaparecido la delincuencia, pero sí fue desarticulado un imperiocriminal que casi suplantaba al Estado. La extorsión, expresión cotidiana de una dominación basada en la impunidad y el miedo generalizado, ha retrocedido drásticamente, al decir de muchas de las otrora víctimas; lo mismo puede decirse de los “impuestos” pagados a la mafia por los gobiernos municipales. Sin embargo, estos cambios no se reflejan con claridad en la estadística de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública: las cifras de extorsión inclusive han aumentado, aunque el gobierno lo atribuye a que ahora sí hay autoridades ante las cuales denunciar; la estadísticade homicidios en 2014 ha tenido altibajos, al ritmo del combate a los delincuentes y de enfrentamientos diversos; el secuestro registra un descenso a partir de la segunda mitad del año; el promedio mensual de robos no dista mucho del registrado el año anterior, aunque hay una tendencia incipiente a la baja. Tal vez se transita deun imperio criminal centralizado a una incidencia delictiva de nivel medio, derivada de la diseminación de delincuentes.

La contención de las autodefensas fue la operación más compleja y delicada de todas. Haya sido planeada o no, la ruta seguida por el gobierno federal frente a las autodefensas fue: tolerancia, colaboración para combatir a los Templarios, pacto para institucionalizarse, control de liderazgos rebeldes, depuración, desarme y disolución. Ninguno de estos pasos ha sido ni será fácil de completar. Algunas de las vicisitudes más graves (como la rebeldía y detención de Mireles, y los recientes enfrentamientos entre guardias rivales) eran escenarios probables y hasta predecibles. Grupos armados sin selección rigurosa ni mandos centralizados ni disciplina, son incubadores de violencia fuera de control. El gobierno tuvo que contemporizar con un movimiento social armado, pero no puede hacerlo indefinidamente. Algunos dirán que traicionó a sus aliados; otros, que jugó con fuego al margen de la ley y ahora paga las consecuencias. Quizá unos y otros tengan razón. Pero las opciones a su alcance eran muy reducidas, y todas malas e inciertas.

La depuración de los gobiernos locales, sin ser completa, también registra resultados notables: sustitución de titulares de las áreas estatales de seguridad e inicio de depuración de sus filas; virtual disolución de policías municipales y avance del mando unificado; arresto por vínculos con la delincuencia del secretario de Gobierno y ex gobernador interino, así como de un hijo del gobernador Fausto Vallejo; renuncia del gobernador y sustitución por un académico sin partido y con poderes limitados;detención de cinco presidentes municipales por vínculos delincuenciales y de otros dos por peculado; procesamiento penal por desvío de recursos de tres altos funcionarios del gobierno de Leonel Godoy,e inhabilitación de decenas de funcionarios de nivel medio.

Una crisis institucional como la que sufre Michoacán no se puede superar en pocos meses ni puede ser tarea exclusiva del gobierno federal. Se requiere un esfuerzo concertado y duradero de las élites políticas locales y de la sociedad civil, pero hasta ahora no se aprecia, en unas ni en la otra, visión ni capacidad para acometer tal empresa. Todas parecen prisioneras de un entramado de reglas meta-legales que les impone incentivos perversos. Tampoco está claro que el gobierno federal posea la visión y la voluntad para impulsar los cambios necesarios.

¿Ha fracasado la intervención federal en Michoacán? Sí, porque la inseguridad persiste y los factores de la crisis no se han removido del todo. No, porque sin esa intervención las cosas estarían peor, mucho peor.