¿Tenemos abandonado al Ejército?

Cuando empezó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, hace 10 años, se repitió que la participación de las fuerzas armadas en ese terreno sería temporal; que era imposible confiar en las policías, y que la intervención del Ejército era inevitable. Hoy, sobre todo luego de la emboscada ocurrida recientemente en Culiacán, hay dos expresiones que se repiten constantemente cuando se habla del Ejército: desgaste y sensación de abandono, aunque no menos adecuado es el término que usa Héctor Aguilar Camín: “hartazgo”. En efecto, las duras palabras del general Cienfuegos después de ese crimen atroz sugieren que a las fuerzas armadas se les acaba la paciencia con lo que les exigen sociedad, medios y Gobierno. ¿Tenemos abandonado al Ejército? ¿La exigencia que pesa sobre sus hombros es excesiva? De ser así, ¿qué herramientas en necesario otorgarle?

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Notas sobre un debate postergado

Guillermo Valdés Castellanos

Ex director del CISEN.

En memoria de los soldados caídos


El Ejército ha desempeñado un papel muy relevante y polémico en la lucha contra el crimen organizado. Una parte del debate sobre la participación de las fuerzas armadas en este problema, al igual que la discusión sobre la política de seguridad y combate al narcotráfico, antepone la ideología y los intereses políticos sobre los hechos. A estas alturas del partido, ningún analista serio cuestiona la necesidad de la participación del Ejército o sólo los críticos cargados de ideología e intereses no explícitos piensan que éste es un violador sistemático de los derechos humanos y que debe ser retirado de inmediato a sus cuarteles.  No vale la pena perder tiempo con críticas basadas en esos prejuicios.

Dejando a un lado esas consideraciones, sí urge un debate serio sobre la participación del Ejército en asuntos de seguridad pública y en la lucha contra el crimen organizado. Contribuyo con lo que creo son algunas de las coordenadas dentro de las cuales se puede ubicar la discusión.

1. Aunque la premisa de inicio sea una obviedad, hay que partir de ella y ser consecuentes. Los temas de seguridad pública, incluyendo el narcotráfico, son materia y responsabilidad de las policías. El problema mexicano es el descuido histórico por el cual se carece de cuerpos policiacos suficientes, confiables y eficaces.  Mientras no tengamos policías con esas tres características, será necesario que el Ejército intervenga en esos temas.  

No es lo ideal porque la lógica militar (destruir al enemigo) no es la policial (llevar ante la justicia a los delincuentes). Sin embargo, se considera que, en todo caso, es un mal menor ante la otra opción: dejar completamente indefensa a la ciudadanía, tal como ocurrió en Michoacán a principios de este sexenio, con las consecuencias ya conocidas: la creación de las autodefensas y el riesgo de una “guerra civil”. Eso significa que pese a que las fuerzas armadas no están entrenadas para desempeñar las tareas policiales y eventualmente ello ha significado violaciones graves a los derechos humanos (que no se justifican y no deben ocurrir), es peor permitir que territorios completos –y de paso todas las instituciones estatales ahí presentes– sean dominados por las organizaciones criminales.

Aunque no es fácil –ni en México ni en ninguna otra parte del mundo– que las fuerzas del Estado, ya sean militares o policiales, incorporen plenamente a su actuación el código de los derechos humanos, es mejor camino trabajar en la reducción o eliminación de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas (y el Ejército ha trabajado en ese sentido), que permitir la expansión y consolidación de territorios gobernados por la violencia y el terror indiscriminados de las organizaciones criminales. Además, ello propiciaría la más grave violación de los derechos humanos, no por acción, sino por la omisión del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

2.  Lo que ha sido una irresponsabilidad mayúscula es que después de diez años de que el Ejército salió masivamente de sus cuarteles a hacer su mejor esfuerzo –no siempre de manera exitosa– para defender a los ciudadanos de las organizaciones criminales, la clase política no se haya dado a la tarea de diseñar e instrumentar una estrategia seria y sistemática para reconstruir las instituciones policiales, de manera que se tenga un horizonte claro y definido de cuándo los soldados dejarán de patrullar las calles. 

En 2008, los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno firmaron el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que consideraba acuerdos muy puntuales en ese sentido; la mayoría de los gobernadores no lo tomaron en serio y se avanzó muy poco. En 2010, el presidente Calderón envió al Congreso su iniciativa de reforma del diseño institucional de las policías, la del mando único policial en los estados, que nunca fue aprobada por la oposición del PRI. El tema perdió relevancia en esta administración y no fue hasta diciembre de 2014 que el Presidente Peña lo retomó con otra iniciativa sobre el mando policial único, que dos años después no ha sido aprobada en su totalidad por el Congreso.

Los esfuerzos serios de los gobiernos estatales y municipales para depurar y fortalecer sus policías se pueden contar con los dedos de la mano, y los recursos presupuestales dedicados a tal fin no sólo no crecen, sino que han disminuido. Parece que a muy pocos miembros de la clase gobernante –llámense alcaldes, gobernadores, legisladores, jueces, funcionarios federales– les importa realmente la seguridad ciudadana, no obstante que los indicadores de inseguridad se han deteriorado de manera consistente durante los últimos 18 meses.

De la misma manera, el Ejército ha solicitado que se legisle para darle mayor solidez jurídica a su actuación en materia de seguridad pública, sin que a la fecha se haya encontrado una fórmula legislativa adecuada. La tarea no es fácil pues se trata de temas muy delicados, como la definición de emergencias de seguridad interior; la reglamentación de suspensión de garantías individuales; la eventual desaparición de poderes municipales; la vigencia y límites del fuero militar, y las facultades del personal militar en tareas de seguridad pública, de investigación de delitos, etc.  Aunque los asuntos son muy complejos y de enorme trascendencia, ello no debiera ser impedimento para discutir a fondo diversas opciones y llegar a acuerdos, aunque sea mínimos, para respaldar jurídicamente las tareas del Ejército.

3. El Ejército ha realizado una tarea intensa y, en términos generales, positiva en materia de seguridad. Su contribución ha sido relevante, si no para resolver el problema pues éste no está resuelto, por lo menos sí para contenerlo y, en algunos casos, también para recuperar territorios tomados por el narcotráfico y mejorar la seguridad en algunas regiones.  Solucionar el problema de una criminalidad tan organizada y poderosa y una violencia tan indiscriminada como la que se vive en México desde hace una década, no es fácil ni rápido.

Las experiencias internacionales de reducción de inseguridad y violencia demuestran que son procesos lentos. En Colombia, el ciclo de violencia iniciado a principios de la década de los 80 llegó a su pico en 2001, pues pasó de una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a otra de casi 80. 10 años después, en 2010, la redujeron a 35 homicidios por cada 100 mil habitantes. La ciudad de Nueva York, asolada por una ola de violencia que llegó a ser de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes –en E.U. la tasa era de alrededor de cuatro–, tardó una década para ser reducida a la mitad.  

Aún no se ha evaluado de manera seria y metódica la lucha contra la violencia en nuestro país. La tasa de homicidios creció de siete por cada 100 mil habitantes a más de 22 entre 2006 y 2011.  A partir de entonces, la tasa disminuyó hasta ubicarse, en 2014, en 16 homicidios por cada 100 mil habitantes. Por desgracia, a partir de 2015 reinició su tendencia creciente.  La contribución del Ejército es uno de los varios factores que pudieron intervenir en la reducción ocurrida entre 2011 y 2014; de igual manera, habrá que probar o rechazar la hipótesis planteada por algunos académicos sobre si la presencia del Ejército causaba o no incrementos de violencia. 

Además, el Ejército tendría que evaluar a fondo las diversas estrategias instrumentadas en los estados en que ha realizado operativos contra las organizaciones criminales. Así como en varias entidades su contribución fue decisiva para reducir los homicidios –como fue el caso de Baja California–, no todos sus operativos han sido igual de exitosos.

La reactivación de los conflictos entre los cárteles de la droga en varios estados del país (Baja California, Sinaloa, Colima, entre otros) y la sobre producción de cocaína en Colombia –es probable que lleguen a México muchas más toneladas de esa droga y una parte considerable de ellas se tengan que vender en el mercado interno, lo que agravaría la violencia por el control de plazas– anticipan tiempos muy difíciles en la lucha contra las organizaciones del narcotráfico. Los diez años de lucha intensa del Ejército contra esas organizaciones deben traducirse –previa evaluación de los esfuerzos realizados– en la definición de nuevas estrategias de lucha más eficaces e inteligentes, pues las organizaciones también han evolucionado.

4. A manera de conclusiones. Más allá de deseos, dado el retraso en el fortalecimiento de las policías, el Ejército continuará durante varios años más siendo un actor central de la lucha contra el crimen organizado. Que esa participación no acelere el desgaste sufrido por las fuerzas armadas requiere de varios factores. Primero, que haya un compromiso serio de la clase política para definir un horizonte claro y viable para el retiro del Ejército, y para debatir y aprobar un marco normativo que cuide al Ejército, al mismo tiempo que garantice el respeto de los derechos humanos. Además, los operativos militares en los estados deben incluir necesariamente un compromiso serio de los gobernadores de fortalecer, en un plazo razonable pero lo más corto posible, las policías locales. La salida del Ejército debe respetarse aun en el caso de que el gobernador no cumpla.

Segundo. El Ejército tendría que intensificar tanto el reentrenamiento de sus miembros para las funcionas policiales, como la capacitación y adopción de la cultura del respeto a los derechos humanos. Sin esos procesos se dificultará que la sociedad reconozca y valore en su justa dimensión la enorme contribución que ha hecho en favor de la aún precaria seguridad de los mexicanos. Si el Ejército no estuviera en las calles es muy probable que hubiera muchos más estados en situaciones críticas como lo están Tamaulipas y Guerrero.  Ante la violencia creciente y condiciones favorables para los conflictos entre organizaciones, el Ejército debiera evaluar con rigor sus estrategias a fin de mejorarlas. La complejidad del reto que plantea la fortaleza y el poderío de las organizaciones criminales transnacionales en toda América Latina requiere que las estrategias tradicionales sean redefinidas e incluso reinventadas.