¿Te hace falta ver más spots?

Alégrate, querido lector: en el último proceso electoral pudimos disfrutar de casi 41 millones de anuncios pautados so pretexto de las elecciones. México, país de libro Guiness. Dejemos de lado la calidad de esos spots o su pertinencia ética y vayamos a otras preguntas: ¿hay algo que compense semejante baño de aburrimiento? ¿Benefician realmente a los partidos o los gobiernos, ya no digamos a los ciudadanos? ¿Comunican algo que nos importe, son una forma pertinente de publicidad en los tiempos de internet? ¿Convencen a alguien? ¿Le ganan votos a los candidatos, o por el contrario nos alejan de la política, nos hastían aún más de los contendientes? En otras palabras: ¿te hace falta ver más spots?

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    1. Jorge Buendía

      Ni suficientes ni necesarios

      Especialista en estudios electorales. Director ...
    2. Esteban Illades

      Los anuncios no sirven

      Editor de la revista “Nexos”.
    3. Jorge Javier Romero

      La política, como la pasta ...

      Investigador de la UAM. Coordinador del ...

Un modelo inequitativo e indefendible

Javier Aparicio

Profesor investigador del CIDE.

¿Cómo podemos evaluar el así llamado modelo de comunicación política vigente desde 2008? Afirmar que el modelo de comunicación política vigente desde 2008 es contradictorio no es ninguna novedad. Muchos lo han señalado desde entonces. Lo novedoso, quizá, es el cúmulo de casos que así lo evidencian.

Hemos visto de todo: spots que son retirados porque enfadan a gobernantes, partidos o comunicadores, comunicadores que denigran a spots, calzoncillos de boxeadores que anulan elecciones, debates que no son debates, entrevistas o informes de labores que parecen spots y un largo etcétera.

Antes de aquella reforma, si los partidos políticos o candidatos querían tener acceso a radio y televisión, tenían que comprar spots. Este arreglo era ventajoso para el oligopolio mediático del país: en temporadas electorales, una televisora podía no solo cobrar tarifas elevadas (lo cual no sorprende si la demanda era alta) sino que podía cobrar tarifas diferenciadas a una candidatura u otra. Y como los partidos gozan de generoso financiamiento público, aquel modelo implicaba una transferencia de recursos del erario (léase, las y los contribuyentes) a los medios, quienes, de paso, podían inclinar la balanza hacia ciertas candidaturas o partidos.

Hartos de ello, los partidos representados en el Congreso se dieron a sí mismos un "nuevo modelo de comunicación política" que les permitía contar con prerrogativas de acceso a medios usando los llamados tiempos oficiales para transmitir spots en radio y televisión.

Para los partidos esta reforma implicaba un ganar-ganar: a sus prerrogativas financieras se añadió un acceso sin precedente a radio y televisión. Eran los buenos tiempos. Era la reforma de la equidad en el acceso a medios. Las empresas de medios, por supuesto, opinaban otra cosa. En el análisis más simplista, ganaban los malhadados partidos, ganaba la muy buena democracia, y perdían los malhadados medios: ¿Qué tan malo puede ser el modelo entonces? Apunto tan solo cuatro problemas.

La mayoría (70%) de las pautas de radio y televisión se distribuyen de manera proporcional a los votos obtenidos en la elección anterior. Es decir que, por ley, un partido político o coalición puede contar con más spots que sus opositores sin que ésta pueda contrarrestarlo. Es decir que, por ley, el acceso a medios para los partidos políticos es inequitativo e inflexible. Es por ello que en 2012 Peña Nieto recibió mucho más spots que sus adversarios y esto ocurrirá una vez más en 2018.

¿Tenemos elecciones más competitivas o más equitativas de entonces a la fecha? ¿Tenemos un electorado más informado o mayores tasas de participación gracias a los spots? No lo sabemos, pero supongamos sin conceder que distribuir spots de este modo no es tan mala idea. El problema es que el modelo viene acompañado de restricciones extrañas para una democracia liberal.

En segundo lugar, el modelo prohíbe a cualquier persona o partido adquirir propaganda electoral en radio y televisión. (¿Y qué es o no es propaganda? Lo que diga el Tribunal, por supuesto.) Es decir que, en un caso extremo, si la sociedad se descubriera gobernada por corruptos, sus opositores –sean partidos, candidatos independientes, grupos de interés o sociedad civil organizada—tendrían que combatirlo... Sin acceso a spots de radio y televisión. (Una fuente de optimismo, si se quiere, es que cada vez menos personas escuchan radio o televisión abierta).

Pero hay más. El modelo prohíbe que la propaganda electoral denigre a las instituciones o calumnie a las personas. Es por ello que tanto el INE como el TEPJF están obligados a evaluar e interpretar el contenido de cada spot impugnado. De 2008 a la fecha, a golpe de quejas y sentencias, se ha creado algo que no existe en la ley: la violación al modelo de comunicación política. ¿Bajo qué argumento normativo o democrático es defendible que un juez o árbitro electoral pueda determinar si un spot es digno de ser transmitido o no?

Por último, el artículo 134 de la Constitución impide a los funcionarios públicos hacer promoción personalizada de sus voces, nombres, o imágenes. Esta no parece una mala regla hasta que descubrimos dos excepciones importantes. Una, los "informes de labores" (es un decir) de los funcionarios no cuentan como promoción personalizada. Y dos, ni los líderes partidistas, ni cualquier otro político desempleado, son funcionarios públicos y por ende pueden verse privilegiados de los cuantiosos spots del modelo.

Así las cosas, vale la pena preguntarnos ¿dónde están las presuntas bondades del modelo? ¿Acaso será hora de repensarlo? Opino que sí.