¿Se puede acabar con la corrupción?

Hace días, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad aterrizó en números sencillos lo que nos cuesta la corrupción: 890 mil millones de pesos, o sea 165 pesos diarios a cada mexicano. Un dato más, contundente, para alimentar un pesimismo generalizado que respaldan otras cifras, como esa del Banco Mundial que dice que el 9% del PIB se pierde a causa de ese cáncer, pero también las noticias diarias, igual de abrumadoras, sobre el vínculo de ciertos políticos con el crimen organizado y de otros con la distribución digamos amistosa de recursos, o sobre fugas como la del Chapo, para no hablar de nuestras experiencias cotidianas ante patrullas, ventanillas o escritorios. ¿Es posible combatir esta realidad ominosa? ¿Puede vencerse a la corrupción? Los escuchamos.

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El gasto publicitario, otra promesa incumplida

Rubén Álvarez Mendiola

Periodista. Integrante del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas.

¿Cuál es la conexión entre responsabilidad pública y gasto publicitario que las diversas oficinas gubernamentales hacen sin rendir cuentas adecuadamente del monto y destino del mismo?

Desde la Red por la Rendición de Cuentas hemos insistido reiteradamente en la importancia de transparentar el uso de recursos públicos que a nivel federal pero sobre todo, de manera descarada, a nivel local se ejercen para promover la imagen pública de gobernantes y funcionarios que juzgan conveniente pagar millones de pesos en publicitar lo que hicieron por obligación del cargo y no para congraciarse con los ciudadanos que les votaron.

Cumplir con las responsabilidades públicas que derivan de su puesto, apenas es lo mínimo que se puede esperar de cualquier funcionario público –de los tres niveles de gobierno y los tres ámbitos: ejecutivo, legislativo y judicial. Sumar a ello el despropósito de pagar desplegados en diarios de la ciudad de México o los principales de sus respectivas entidades, o anuncios radiofónicos y televisivos (con publicidad directa o encubierta), para anunciar a la sociedad lo bien que cumplen con sus obligaciones, no sólo es una afrenta a la inteligencia colectiva sino, llanamente, a la democracia.

El presidente Enrique Peña Nieto prometió en su campaña electoral que adoptaría tres medidas urgentes:

Un órgano anticorrupción (algo así como una Comisión Nacional de Combate, etcétera), que por fortuna no prosperó, pues estaría destinado sólo a la supuesta cacería de corruptos, pasando por alto la prevención y el combate a las causas que prohíjan la corrupción.Quiso también una reforma que diera lugar a un Sistema Nacional de Transparencia y a un Sistema Nacional Anticorrupción, proyectos en los que seguimos embarcados después de las reformas constitucionales aprobadas, a las que deberán seguir una batería de leyes secundarias y reformas a otras legislaciones existentes.Por último, pero no al último, Peña Nieto ofreció un órgano ciudadano que monitoreara y regulara el gasto gubernamental en publicidad. En este último asunto la tristeza campea, pues ha sido una promesa presidencial que no ha sido honrada ni un milímetro.

El 21 de mayo de 2012, el candidato Peña Nieto dio a conocer un decálogo en el que garantizaba una nueva relación con los medios de comunicación:

"Como presidente de la República impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información".

Han transcurrido tres años, se han creado los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción y la promesa de una vigilancia ciudadana del gasto publicitario sigue sin cumplirse.

En 2013, el único año del que se tiene cifras definitivas, el gasto publicitario del gobierno federal ascendió a 19 millones de pesos ¡por día!, repartidos de manera discrecional y sin que se sepa de la utilidad del mismo, un patrón similar al observado bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Según las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en el primer año de Peña Nieto el gasto en comunicación y publicidad oficial creció 35% respecto al primer año de Calderón y 104% respecto al primer año de Fox.

En su documento El gasto en publicidad oficial del gobierno federal en 2014, ambas organizaciones sostienen que Fox gastó 3,495 millones de pesos; Calderón, 5,261 millones, y Peña Nieto, 7,119 millones.

Como van las cosas, nada parece indicar que ni el gobierno federal, ni mucho menos los gobiernos de los estados –cualquiera que sea el partido político del que provenga el gobernador–, tengan interés en reglamentar el gasto publicitario según la utilidad del mismo y la relevancia de los medios escogidos.

Y esto es, también, una falta enorme de responsabilidad pública y rendición de cuentas en el país. Además de una promesa incumplida.