¿Se puede acabar con la corrupción?

Hace días, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad aterrizó en números sencillos lo que nos cuesta la corrupción: 890 mil millones de pesos, o sea 165 pesos diarios a cada mexicano. Un dato más, contundente, para alimentar un pesimismo generalizado que respaldan otras cifras, como esa del Banco Mundial que dice que el 9% del PIB se pierde a causa de ese cáncer, pero también las noticias diarias, igual de abrumadoras, sobre el vínculo de ciertos políticos con el crimen organizado y de otros con la distribución digamos amistosa de recursos, o sobre fugas como la del Chapo, para no hablar de nuestras experiencias cotidianas ante patrullas, ventanillas o escritorios. ¿Es posible combatir esta realidad ominosa? ¿Puede vencerse a la corrupción? Los escuchamos.

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Un país de escépticos

Lourdes Morales

Directora de la Red por la Rendición de Cuentas.

La corrupción es hoy en día, junto con la seguridad y la economía, una de las cuestiones que máspreocupan a los mexicanos. A decir de las diferentes mediciones sobre percepción ciudadana (Latinobarómetro, Índice de Percepción de la Corrupción, Mitofsky), somos un país que confía mucho en los amigos y la familia y muy poco en las instituciones y, en particular, los partidos políticos, que siempre ocupan los últimos lugares en los niveles de confianza.

Bajo este escenario, la lucha contra la corrupción pareciera una batalla perdida desde el inicio. En los últimos dos años se han producido algunos cambios que si bien no eliminan de tajo un problema tan complejo como este, si abren la puerta a medidas que prometen ser más exitosas. Las principales son: la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción cimentado en la mejora y funcionamiento de al menos cuatro instituciones públicas con acciones articuladas, coordinadas y evaluadas por un comité rector; las reformas recientes en materia de transparencia y acceso a la información orientadas a garantizar el acceso igualitario a datos de utilidad social sobre los tres poderes públicos y los tres niveles de gobierno; la existencia de medios de información críticos y capaces de documentar casos de corrupción;la pluralidad política con la existencia de algunos "campeones" en el Congreso federal, es decir, representantes comprometidos con la lucha contra la corrupción;la existencia de una sociedad civil cada vez menos tolerante al abuso y la existencia de órganos autónomos especializados, encargados de velar sobre el ejercicio de derechos fundamentales.

En la lógica de la gestión de los asuntos públicos y el cambio institucional, estaríamos partiendo de premisas muy distintas,como lo son la prevención y detección oportuna de "focos rojos" de corrupción, la eliminación de incentivos que favorecen prácticas contrarias a derecho a partir del fortalecimiento de un sistema de pesos y contrapesos, capaz de producir sanciones y garantizar límites al exceso de poder y la capacidad de corregir prácticas y eliminar dinámicas que propician actos de corrupción.

Todo esto se oye bien. Sin embargo, la otra cara de la moneda tiene que ver con inercias difíciles de modificar. Hasta ahora lo que tenemos es una atractiva promesa que depende de una larga ruta de reformas y modificaciones a leyes secundarias, aún no concluidas, así como el ejercicio de funciones, a la cabeza de todo este entramado institucional, de personas con autonomía e independencia de decisión, capaces de dotar de legitimidad a las instituciones que representan para así lograr restablecer la confianza perdida.

No existe evidencia suficiente que muestre que la ideología o la cultura de un país sean causantes de la corrupción. Al contrario, países con diversas tendencias e ideologías la han enfrentado con buenos resultados, pero esto sucede cuando se modifican incentivos, se mejora el Estado de derechoy se logra una vigilancia efectiva enla relación entre dinero y política. Otro factor muy importante es la participación ciudadana. La batalla contra la corrupción no puede ganarse solo a través de instancias de gobierno desvinculadas de la ciudadanía, y menos en un contexto de desconfianza. Una política pública de participación ciudadana –de la cual poco se habla–debiera incluir dispositivos formales, duraderos e independientes, además de promover la existencia de un tejido organizativo plural, autónomo y consolidado con capacidad de realizar una vigilancia social creíble y finalmente una política que incluya acciones transversales en la gestión de políticas públicas.

El debate público sobre la ruta a seguir ha iniciado, y ya contamos con el diagnóstico y las coordenadas a seguir. Sin embargo, aún falta un largo trecho para recuperar la confianza.