¿Se puede acabar con la corrupción?

Hace días, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad aterrizó en números sencillos lo que nos cuesta la corrupción: 890 mil millones de pesos, o sea 165 pesos diarios a cada mexicano. Un dato más, contundente, para alimentar un pesimismo generalizado que respaldan otras cifras, como esa del Banco Mundial que dice que el 9% del PIB se pierde a causa de ese cáncer, pero también las noticias diarias, igual de abrumadoras, sobre el vínculo de ciertos políticos con el crimen organizado y de otros con la distribución digamos amistosa de recursos, o sobre fugas como la del Chapo, para no hablar de nuestras experiencias cotidianas ante patrullas, ventanillas o escritorios. ¿Es posible combatir esta realidad ominosa? ¿Puede vencerse a la corrupción? Los escuchamos.

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Para acabar con el sistema de botín

Jorge Javier Romero

Investigador de la UAM. Coordinador del diplomado de Política de Drogas en el CIDE.

La corrupción ha sido, a lo largo de la historia del Estado mexicano, un elemento esencial de la relación entre el poder político y la sociedad. Cuando finalmente, durante el Porfiriato, se extendió una burocracia nacional –en un país con ingresos públicos magros, comunicaciones precarias y distancias enormes–, tuvo que ser con amplios márgenes de discrecionalidad para el cobro privado de los servicios estatales de protección y regulación. En ausencia de un sistema fiscal con ingresos sólidos, que permitieran pagar una burocracia profesional con salarios dignos –en torno a los cuales construir una moral institucionalizada de honradez– y sin mecanismos para garantizar el estricto cumplimiento de la ley en el comportamiento de los funcionarios, lo que se desarrolló fue una red de clientelas y relaciones de reciprocidad asimétrica, donde el empleo público era una concesión personal que se le debía a un patrón político, al tiempo que una parcela de usufructo privado para su titular.

Las burocracias de los estados eran todavía más precarias y ahí la venta de las protecciones particulares la hacía directamente el gobernador: él gestionaba los impuestos, decidía las exacciones y exenciones, avalado por congresos dóciles, designados a través de la simulación electoral. Y él personalmente repartía el empleo público, aunque muchas veces no tuviera con qué pagarlo, por lo que concedía era una parcela privada de extracción de rentas a la actividad económica y a las comunidades. Los municipios eran, en su mayoría, cacicazgos o, en los más urbanos, también concesiones del gobernador para apropiarse de rentas.

El sistema funcionó porque tenía un árbitro indiscutido, que ponía los límites al latrocinio y moderaba el conflicto entre los grupos: el presidente de la República, general don Porfirio Díaz. El sistema operaba tan bien que después de su colapso reencarnó en el nuevo arreglo, el de la época clásica del PRI. Se había creado una trayectoria institucional aceptada, en la que las protecciones se conseguían de manera personalizada a través de redes de influencia, relaciones de compadrazgo y complicidad, o vínculos clientelistas. El reparto de parcelas de extracción de rentas se extendió a los líderes sindicales y se formalizaron las redes de control del campesinado.

Con esa configuración de la organización estatal, la regulación relativa de la venta personalizada de los servicios del Estado fue un mecanismo de estabilización y propició la extensión nacional del mercado. La limitación temporal de la detentación del cargo fungió como límite y propició la circulación sin competencia en el control de las parcelas de extracción de rentas, por lo que tuvo consecuencias redistributivas: el empleo público fue el principal mecanismo de ascenso social.

La sociedad mexicana aceptó el arreglo y lo institucionalizó como manera de hacer las cosas. La conducta apropiada para resolver la relación con el Estado era o dando mordida, o consiguiendo un protector con influencias, o perteneciendo a una red clientelar o sindicato. Pero con el crecimiento y la industrialización, la burocracia se extendió y se volvió cada vez más compleja su función como administradora del complejo sistema de regulaciones formales. Los procedimientos estandarizados redujeron el margen para la venta directa de los servicios y la crisis económica hizo que la sociedad se volviera cada vez más sensible a los comportamientos abusivos de los empleados públicos. La crisis económica acabó también con el proteccionismo económico exacerbado, negociado directamente por los grandes empresarios con el poder político y que cobijaba, bajo el manto de una legalidad simulada, la corrupción de las altas esferas.

Desde hace décadas, en México se han ido dando pasos graduales para limitar la corrupción, aunque muchos de ellos hayan sido muy pequeños y otros resulten terriblemente ineficientes por sus flacos resultados y por la cantidad de recursos económicos y administrativos que se debe invertir para su monitoreo. La ley de transparencia: su evolución hasta convertirse en un sistema que atraviesa toda la estructura de las administraciones públicas, y el aún en ciernes sistema anticorrupción, son pasos realmente sólidos que pueden modificar en serio la trayectoria institucional que ha definido la relación de la sociedad con el Estado. El nuevo sistema de controles seguramente vivirá un proceso de adaptación institucional hasta que se consolide, pero debe ser el punto de partida de mecanismos claros de rendición de cuentas de la función pública.

Queda pendiente un paso indispensable para acotar la corrupción y la venta particular de protecciones estatales: acabar con la burocracia clientelista y dar el paso a un verdadero sistema de servicio público profesional, flexible, eficiente y muy bien capacitado, con horizontes de carrera largos y compromiso con el servicio público. Un cambio de incentivos para acabar con el sistema de botín que permite el reparto político del empleo público de manera discrecional.